En la búsqueda de pruebas dentro de la causa sobre supuestos sobornos en el caso de la reforma laboral, tanto los medios como la propia Justicia están revelando primicias obvias. Como, por ejemplo, el diario del monopolio «Clarín» de ayer, donde se descubre un dato conocido y se lo presenta como un hallazgo extraordinario, una puntillosa auditoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el uso y destino de los fondos reservados, destinada a proveer de información a la causa que lleva Rodolfo Canicoba Corral. Se habría ahorrado el gasto del peritaje la Justicia, y conseguido el medio una mejor tapa con sólo leer las leyes de Presupuesto Nacional de 1988 a 2001 y los consiguientes decretos distributivos, que están disponibles en el Boletín Oficial para cualquier ciudadano que quiera consultarlos. Eso sí, hay que ir personalmente ya que se trata de normas que no bajan de 9.000 fojas -razón por la que no se publican en Internety exige tomarse tiempo y trabajo.
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Allí se establece con un altísimo grado de precisión -raro en la contabilidad pública general-cuánto se le asigna a cada repartición para gastos y qué monto de ellos pueden utilizar en carácter de reservados, es decir, sin necesidad de rendir cuentas. Porque muchos olvidan que el concepto de fondos reservados es técnicocontable y no significa necesariamente que sean montos de dinero extra disponibles.
Se comete un error al clasificar también a los fondos que recibían los bloques de la Cámara de Diputados -figuran como gastos operativos-como reservados. Es acertado hablar de los $ 110 mil de la bancada PJ, $ 73 mil de la UCR y $ 37 mil del Frepaso, pero ese dinero salió y sigue saliendo del presupuesto de Diputados y es repartido por la presidencia del cuerpo. Por desprolijidad se clasificaban como reservados, pero nunca lo fueron. Por el contrario, el Congreso, en contra de lo que disponía la normativa general para ese tipo de fondos, recibió autorización para utilizar fondos reservados, pero esa posibilidad terminóen 1997 para Diputadosy en 1999 para el Senado. El error proviene de no analizar el tema a fondo. La discusión seria con relación a este tema lleva años en la Argentina y se centra en si deben o no existir los fondos reservados.
Pero como hay una ley que los creó y establece su distribución, no puede negarse que legalmente existen. Si se prestara atención a esta norma se encontrará, y esto tampoco es noticia ya que por lo menos este diario lo ha informado desde hace años, que muchas reparticiones recibieron fondos reservados sin estar autorizadas. Y aquí está el delito, al punto de que María Julia Alsogaray fue acusada de usarlos en la Secretaría de Medio Ambiente cuando esa repartición no podía contar con ellos.
Originariamente, sólo Defensa e Interior, entendiendo a la SIDE en esto, podían contar con el privilegio de usar fondos sin rendir cuentas. Luego se extendió a distintos ministerios -desde Domingo Cavallo hasta Alberto Lestelle los tuvieron-, hasta que se volvió a recortar el principio. Y hacia finales del gobierno de Carlos Menem y durante el de Fernando de la Rúa se terminó por concentrarlos en tres áreas, lo que explica que la SIDE tenga concentrado 70% de estos gastos.
