Giran los arrepentidos pero siempre, ambiguo, aparece el joven Bravo

Alfredo Bravo

Jorge Luis Borges solía decir que cuando aparece el número tres hay en el medio algo de la divinidad. Sería sacrílego ir tan arriba para explicar una curiosa triplicación en causas en las que figuras del radicalismo aparecen complicadas en materia penal. Se trata de las apariciones intermitentes de Daniel Bravo como acusador o patrocinante de acusadores contra figuras del partido que en su momento integró.

Bravo es el puntero porteño que llevó al primer arrepentido, Mario Pontaquarto, hasta las oficinas del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por ese entonces se desempeñaba como director de Deportes de la Ciudad, bajo el mando de Aníbal Ibarra. Había llegado a ese cargo después de separarse de la UCR y afiliarse al ARI.

Fue precisamente contra el ARI que Bravo realizó su segunda aparición pública: se encargó de llevar a la Oficina Anticorrupción la falsa denuncia contra Enrique Olivera. Es decir, la acusación según la cual Olivera poseía una cuenta no declarada en el exterior, información que después no pudo ser probada.

Ambigüedad

Ahora Bravo aparece otra vez, vinculado al repentino arrepentimiento de Sandra Montero, la secretaria de Remo Constanzo que dice haber visto el dinero que habría cobrado su jefe en concepto de coimas. El patrocinante de Pontaquarto y acusador de Olivera ahora jugó un rol ambiguo: se lo vio dialogando en un bar cercano a los Tribunales con el abogado Roberto Ribas, quien asiste a Montero.

Bravo fue durante buena parte de su trayectoria política un pequeño puntero del radicalismo, en el barrio de Saavedra, a las órdenes de José «Chiche» Canata, uno de los principales dirigentes del alfonsinismo porteño. La inclinación radical de este hombre siempre llamó la atención por una razón elemental: su padre era Alfredo Bravo, diputado nacional del Partido Socialista y figura gravitante del socialismo porteño y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Esa adhesión al radicalismo le permitió a Bravo trabajar en el Senado, a las órdenes de José Genoud, presidente de la bancada de ese partido durante los años de Carlos Menem y presidente provisional de la Cámara durante el breve lapso de Fernando de la Rúa. Bravo formaba parte allí de la camarilla que rodeaba a Genoud y que encabezaba Pontaquarto. En esos años, seguramente, conoció también a Montero, la secretaria que denunció a Constanzo la semana pasada. Con el tiempo, la subordinación a Canata fue sustituida por otra: se integró a la escuadra de punteros de Enrique Nosiglia.

Cuando hablaba de Alfredo Bravo, Elisa Carrió solía decir, metafóricamente, «mi papá», lo que suponía por derivación una relación fraternal con «Danielito». Esa proximidad convirtió a Bravo Jr. en legislador porteño. Fue ejerciendo esa función que conoció a Vilma Ibarra y a Alberto Fernández, por entonces también integrantes de la Cámara local. Bravo se hizo amigo del jefe de Gabinete y, sobre todo, de su segundo, Julio Vitobello. Alberto Iribarne, integrante de la misma liga, tambiéncomenzó a disfrutar de la cercanía de ese radical-arista: los dos se movieron siempre en la zona de Belgrano (adonde, además, a Bravo le atribuyen explotar un boliche para adolescentes y haber levantado una linda propiedad). Cuando Ibarra llegó a la comuna, Bravo fue designado en Deportes.

Falso testimonio

Aquella amistad familiar con Carrió no inhibió al heredero de «papá Alfredo» de levantar falso testimonio en contra de Olivera. Llevó sus supuestas pruebas a la Oficina Anticorrupción, un reino familiar a Alberto Fernández que controla Abel Fleytas Ortiz de Rozas. Cuando se demostró la manipulación, la fundadora del ARI dijo que no quería siquiera mencionar a este Bravo en homenaje a la memoria de su padre.

Con la llegada de Telerman al poder, este patrocinante de arrepentidos dejó la comuna. Los radicales, que lo menosprecian, dicen que volvió a conchabarse en el

Senado, acaso por su identidad «ibarrista», es decir, al amparo de la legisladora Ibarra. A propósito de la senadora, es posible que tenga interés en desentrañar lo ocurrido en el Senado durante aquella saga de las presuntas coimas. Sobre todo porque siempre se le atribuyó a la SIDE de Fernando de Santibañes -y, sobre todo, de Román Albornozaquella tapa escandalosa de la revista «La Primera» (propiedad por entonces del Grupo Hadad) vinculándola a Chacho Alvarez, a la que muchos atribuyeron el estallido de denuncias del vicepresidente (uno de los testigos voluntarios, ahora, a favor de la secretaria Montero): curioso ir y venir de las relaciones entre medios y política, más tarde Aníbal Ibarra, el hermano de la agredida, mantuvo las mejores relaciones con el Grupo Hadad.

Es posible que desde el Senado, Bravo pretenda sumarse al radicalimo «K». Por lo pronto, se lo vio en la reunión del sábado de la semana pasada en Vicente López, merodeando a intendentes y gobernadores, pero sin conseguir saludos ni simpatías de sus ex correligionarios. Fue la última vez que salió a superficie, antes de encontrarse con el abogado de la arrepentida Montero. Se trata del penalista Ribas, quien ganó fama durante el gobierno de Menem por asistir a personas en problemas a las que el gobierno no quería abiertamente asegurarles patrocinio: desde acusados por corrupción como el ex presidente del Concejo Deliberante José Pico o el ex diputado Eduardo Varela Cid hasta magistrados en crisis (Yomagate), como María Servini de Cubría.

Una cabeza capaz de simplificar los datos y elaborar conspiraciones diría lo que sugiere De la Rúa: que Bravo es, en rigor, el instrumento de un gobierno que quiere complicarlo a él y a otros involucrados en la causa por las presuntas coimas. Que de esas operaciones surgen, tan falsas como en el caso de Olivera, las declaraciones de Pontaquarto y Montero. La versión podría sonar tan convincente como la de los relatos minuciosos de Pontaquarto y Montero sobre la circulación de dinero. Una lástima para la salud cívica y, sobre todo, judicial: la realidad parece ser mucho más confusa y gris que esas dos explicaciones encontradas.