La Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil designó ayer, por sorteo, al juez José Luis Javier Tresguerra para decidir si es conveniente que el cuestionado juez Francisco Asís de Soto continúe en el caso Greco, tras las denuncia penal del Ministerio de Economía.
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Tresguerra es el titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2, y ya tuvo un roce con el caso Greco cuando recibió la medida precautoria de «no pagar» dispuesta por su colega del fuero penal Sergio Torres.
Asís de Soto se apartó del caso alegando razones de «decoro y delicadeza» ya que su accionar fue tildado de ilegal cuando ordenó que el Estado le pagara al grupo Greco una indemnización de 332 millones de pesos que, al cancelarse con bonos, se convirtieron en 587 millones de pesos. Esas denuncias provinieron del ministerio de Felisa Miceli y de funcionarios de su cartera.
«Es público y notorio que la tramitación de los procesos que involucran al denominado grupo Greco ha adquirido, prensa mediante, una repercusión pública proclive a desacreditar no sólo la función de algunos profesionales del propio Estado nacional, sino la mía como juez, puesto que se ha tildado mi accionar como ilegal», escribió Asís de Soto en la resolución donde comunica su alejamiento del caso.
Continuidad
¿Qué puede ocurrir de ahora en más? En primer lugar, son escasas las probabilidades de que el juez Tresguerra resuelva aceptar la excusación de Asís de Soto y quedarse él con un engorroso y complicado expediente como es el del grupo Greco, que tramitó otro juzgado por más de dos décadas. Significaría, además, avalar la original denuncia de Miceli con respecto a un posible acto de corrupción del juez cuestionado. Todo indica entonces que el juez Tresguerra no aceptará la excusación de Asís de Soto.
Tampoco la Cámara Federal de Apelaciones está muy de acuerdo con desplazar a Asís de Soto del caso Greco. El juez goza de muy buenas referencias entre su colegas e integra la terna para ocupar alguna de las dos vacantes que existen en la Cámara de Apelaciones. Precisamente, el pleno del Consejo de la Magistratura tratará a fines de este mes su candidatura para esa vacante.
Las otras razones para mantener al juez en el caso tienen que ver con el expediente. La decisión de Asís de Soto de ordenar al Estado que pague una deuda de 332 millones estuvo basada en un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación que fijó el monto indemnizatorio a los Greco. La deuda original reclamada por el grupo era de 1.100 millones de dólares. Asís de Soto tomó este caso en 1985. Dos años después, Raúl Alfonsín, siendo presidente, se comprometió a devolverle al grupo 10 empresas. En 2001, Asís de Soto concluyó que esa restitución era imposible ya que todas esas empresas habían desaparecido. Fue entonces cuando el juez ordenó que se pague una indemnización teniendo en cuenta lo que el Estado le adeudaba al grupo Greco y el monto de la deuda que los Greco tenían con el Estado.
Fue así que en el caso intervinieron organismos técnicos del Ministerio de Economía y del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que, luego de tres años de investigación, dispuso un monto de indemnización (los 300 millones de pesos), que los Greco terminaron aceptando.
Por lo menos eso surge del expediente elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación -Providencia DGAJ-E N° 7.256 del 22 de diciembre de 2003-, donde el Estado nacional acepta el valor dado por ese tribunal a los bienes inmuebles pertenecientes al grupo Greco.
Antes de ordenar la liquidación, el juez debió homologar el acuerdo porque la cancelación se iba a practicar en bonos. Esa cifra alcanzaba los 587 millones de pesos. La emisión de bonos específicos que se disimulaban entre subsidios a ex empleados de YPF y a ex combatientes de Malvinas era por 1.300 millones de pesos.
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