Guerra de cargos entre un abogado y 52 jueces

Nadie hasta ahora se había atrevido a tanto. Mandar a 52 jueces (todos envueltos en el mismo paquete) a la Comisión de Acusación y Disciplina para que se investigue su conducta no se les ha ocurrido a muchos. Quien acaba de cometer semejante «agravio» no es otro que el abogado filoindependentista Santiago Montaña. El letrado se enfadó con un grupo de jueces civiles que pidieron la creación de nuevos cargos ante la imposibilidad de nombrar «meritorios» de acuerdo con su criterio. Los «meritorios» son estudiantes avanzados en Derecho que trabajan en negro en los tribunales de Justicia.

Los magistrados no están de acuerdo con el promocionado «Registro de meritorios» que acota la posibilidad de elegir candidatos exclusivamente a los que integran ese listado. Pretenden que los aspirantes sean seleccionados libremente por cada juez en tanto reúnan los requisitos exigidos para el ingreso a la Justicia.

Críticas

El conflicto llegó a la mesa grande del consejo, porque los 52 jueces estamparon sus firmas en una nota enviada a la presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Ana María Brilla de Serrat, en el que critican el modo de ingreso a la Justicia y la designación del personal en los juzgados.

En realidad, consideran que la situación así planteada encuentra su origen, principalmente, en la ausencia de una dotación suficiente de cargos para empleados, especialmente en los tribunales de primera instancia.

Para salir del gravoso estadío, los magistrados proponen crear nuevos cargos, cuya dotación «podrían ser cubiertas con partidas que no importen un excesivo gasto y ser satisfechas mediante un salario correspondiente al mínimo legal que, en rigor, resulta inferior al que perciben actualmente los que poseen el último de los cargos en los tribunales de primera instancia».

Sostienen los jueces sublevados que con la creación de dos cargos nuevos por juzgados, la consuetudinaria institución del « meritorio» volvería a desempeñar el papel que siempre tuvo. Además permitiría establecer un régimen relativo a los aspirantes que «no limitara de modo alguno las facultades que nos corresponden en su designación».

En definitiva, los jueces quieren que se aplique un sistema que le permita contar con un «meritorio» por secretaría, el cual al comenzar su desempeño debería ser inscripto en un registro de la Cámara y, transcurrido un período de prueba (tres o seis meses), adquiriese estabilidad para luego ser designado cuando se produzca la vacante.

Brilla de Serrat giró el reclamo de los jueces al consejo, que dispuso el pase a paritarias para que allí se analice y resuelva. La Comisión de Negociación Colectiva está presidida por Montaña, poco amigo de los jueces. El abogado se encargó de defender la implementación del listado de meritorios y de desestimar el lamento de los jueces.

Sostiene el consejero que la posición de los jueces pone en evidencia «la desconsideración de la normativa aplicable» y «riñe con los esfuerzos realizados por este consejo para regularizar una situación que avergüenza» al Poder Judicial.

Además considera que la critica de los jueces es «inapropiada» y podría ser motivo de algún tipo de sanción ya que revelaría «un alzamiento» contra las disposiciones del Consejo de la Magistratura.

La sensibilidad de Montaña puede tener motivos ciertos. En las últimas semanas hubo una «inflación de meritorios» de 1806 pasaron a 1907. Además, no está claro cómo se pagarían los nuevos cargos en el Poder Judicial.