Indagan cómo el Estado abultó reclamo Greco

Judiciales

El ataque lanzado por Felisa Miceli contra el equipo legal de Roberto Lavagna aportó algunas curiosidades que resultaron interesantes para los investigadores del caso Greco. Hasta ahora, se desconocía que habían sido los abogados del Estado los que oficiosamente y sin que nadie se los pidiera agregaron al reclamo del grupo unas estimaciones del Tribunal de Tasación de la Nación sobre diversas propiedades que los respectivos registros informaron como pertenecientes al conglomerado de empresas mendocinas. Esa «revelación» la denunció días atrás la subsecretaria Legal del Ministerio de Economía, Alejandra Tadei, quizás en procura de alivianar la responsabilidad de su jefa.

En ese escrito figura, además, que fue el propio grupo Greco el que entregó al Tribunal de Tasación los planos y la documentación de todos los inmuebles que pretendía como propios, y sobre los que ese tribunal terminaría luego pronunciándose.

  • Investigación

    Con este informe, el juzgado de Sergio Torres ingadará sobre las razones (si es que existen) que motivaron a los funcionarios de la cartera económica a ampliar el reclamo de los Greco cuando, originalmente, la solicitud sólo era sobre la valuación de 500 millones de litros de vino.

    Se afirma que «no se pudo identificar a qué empresas o personas realmente pertenecían» esas propiedades que fueron adjudicadas al grupo, aunque esa información resultaba esencial ya que en el convenio firmado en la gestión de Raúl Alfonsín de 1987 el Estado nacional se había comprometido a transferir no todas las empresas de los Greco sino sólo una parte menor y bien determinada.

  • Viáticos

    Inclusive se menciona que el área legal del Ministerio de Economía (de la época Lavagna) dispuso el pago de viáticos y cuantiosos aranceles para que el Tribunal de Tasaciones terminara pronunciándose en una cifra millonaria a favor de los Greco: 127 millones de pesos a noviembre de 2004, que después se sumaría a la de los vinos, por la que se llegara a la condena contra el Estado por los 332 millones en bonos que hoy implican más de 600 millones de pesos en efectivo.

    Según Economía, esa supuesta irregularidad ocurrió durante la gestión de Eduardo Pérez, director de Asuntos Jurídicos del ahora candidato Lavagna y quien ya replicó la acusación.

    La teoría oficial que se ensaya es que la anterior gestión hizo y pagó la prueba que beneficiaba a los Greco «así podían cobrar de una vez. Mientras tanto, nos olvidamos de la liquidación de la suma reclamada por el propio Estado», se concluye en la denuncia que la subsecretaria Tadei presentara por orden de la ministra Miceli.

    Otra de las cuestiones por investigar es el giro en la postura de Economía. Hasta junio de 2003, el reclamo de los Greco fue rechazado por las diferentes gestiones. Pero después de esa fecha modificaría esa posición permitiéndole al grupo efectivizar su reclamo.
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