El fiscal federal Oscar Amirante solicitó la indagatoria de ex funcionarios y banqueros como imputados por la crisis económica que estalló a fines de 2001, conocida como "corralito financiero", informaron hoy fuentes tribunalicias.
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En su requisitoria ante el juez federal Ariel Lijo, Amirante sostuvo que hubo un perjuicio no sólo para los ahorristas sino para toda la sociedad y que los ex funcionarios "nos engañaron" con la Ley de Intangibilidad" de los depósitos.
El fiscal reclamó que sean interrogados como imputados por presunta administración fraudulenta ex autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Amirante responsabilizó también a quienes entonces integraban el "equipo económico que dirigió los destinos del país durante la crisis del año 2001".
Si bien no existen precisiones sobre los nombres de los funcionarios y banqueros que el fiscal pide que sean indagados, se estima que rondaría el centenar de personas.
Las fuentes señalaron que la procedencia del pedido es evaluado por el juez Lijo, con la intervención de la secretaria Cecilia Amil Martín.
El fiscal efectuó una análisis pormenorizado y concluyó que hubo connivencia entre banqueros y funcionarios previa al dictado del decreto presidencial 1.570/01, que, a principios de 2001, estableció el bloqueo de fondos depositados en los bancos.
Según Amirante, en vez de "corralito financiero", la norma firmada por el entonces presidente Fernando de la Rúa debió llevar el nombre de "decreto exteriorizando la crisis bancaria de insolvencia más grande de la Historia Argentina".
La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien se inspiró en el voto que firmó en el ministro de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zaffaroni al resolver, en el "Caso Bustos", sobre la constitucionalidad de las normas de emergencia que conformaron el "corralito financiero" y la pesificación de los depósitos.
En aquella oportunidad Zaffaroni indicó que la situación generada no era producto del azar ni de las fuerzas de la naturaleza, sino de sucesivas medidas políticas.
El juez de la Corte agregó entonces que la situación que enfrentaba la economía nacional no podía ser desconocida por los técnicos que intervenían desde sus distintas funciones, sino que debía investigarse si existió la preparación de una defraudación de "proporciones colosales".
