Irán condenado en EE.UU. a pagar 33 millones por atentado a Embajada

Un juez de EE.UU. ordenó ayer pagar 33 millones de dólares a una víctima israelí por el atentado a la AMIA.

Un fallo que sin dudas ayuda -y compromete- a la Justicia argentina en su búsqueda de los responsables de los atentados contra AMIA y la Embajada de Israel: una jueza de Estados Unidos condenó a Irán a pagar u$s 33 millones como indemnización a la familia de David Ben Rafael, diplomático israelí que fue uno de los 29 muertos en el ataque terrorista que demolió la representación del Estado judío en marzo de 1992. La magistrada consideró al régimen de Teherán como responsable de la financiación y organización del grupo terrorista islámico Hizbollah, al que se le atribuyen ambos atentados. El fallo de la jueza Ellen Segal-Huvelle declaró que «Irán fue responsable por el ataque con un camión-bomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires». Ben Rafael había nacido en Estados Unidos antes de emigrar a Israel, y se desempeñaba como primer secretario de la embajada en el momento de su fallecimiento.

Si bien la legislación estadounidense suele impedir a sus ciudadanos presentar demandas contra estados extranjeros, esta restricción no rige para países que apoyan actividades terroristas, categoría en la que Washington colocó a Irán desde 1984.

También la Argentina, a raíz de las atrocidades cometidas durante el último régimen militar, fue objeto de juicios en tribunales de Estados Unidos, por caso la demanda planteada en 1987 contra el ex general Guillermo Suárez Mason por torturas contra el mendocino Horacio Martínez Baca, residente en San Francisco -donde « Pajarito» fue capturado-; lo propio hicieron Alfredo Forti y Débora Benchoam, emigrados a los suburbios de Washington, contra el mismo militar, por tormentos y el asesinato de sus familiares. En este último caso se pedía una indemnización de u$s 20 millones, pero la demanda estaba planteada contra Suárez Mason, no contra el Estado argentino.

De todos modos, el fallo de Segal-Huvelle de algún modo desmiente la acusación de « aislacionismo judicial» que le enrostran otros países (en especial de Europa). EE.UU., en efecto, se resiste a la justicia global por temor de que se aplique a funcionarios por su intervención en el extranjero. La jueza fue a fondo en la condena contra una nación acusada de fomentar el terrorismo, independientemente de que la víctima haya sido un nacional de otro país y el delito se haya cometido en una cuarta nación.

Cabe recordar, asimismo, que otro juzgado condenó a Irán a indemnizar con u$s 2.650 millones de dólares a las familias de los 241 «marines» muertos en el ataque terrorista contra el cuartel de ese cuerpo militar en Beirut (Líbano). Obviamente el régimen iraní -igual que hace con el pedido de extradición- de cinco de sus ciudadanos,acusados por el juez Rafael-Canicoba Corral de haber organizado el atentado contra AMIA-no reconoce los fallos, y hasta omitió enviar abogados defensores en estos procesos.

En declaraciones a la agencia «AJN», el ex cónsul en Buenos Aires en el momento del atentado, Dani Carmon -cuya esposa Liora también fue una de las víctimas fatales-dijo que es importante «denunciar la responsabilidad iraní, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Cada vez que se recuerda la responsabilidad iraní es una buena noticia, y hay que continuar haciéndolo para que no haya impunidad».

En la actualidad Carmon es el representante israelí ante las Naciones Unidas, y regresó en marzo pasado en ocasión de cumplirse 15 años del atentado. En esa oportunidad, en uno de los pasajes más conmovedores de su discurso, Carmon explicó que en el desempeño de su cargo muchas veces debe cruzarse con diplomáticos iraníes, y no puede evitar pensar que representan al país que mandó asesinar a su esposa.

El dictamen de Segal-Huvelle recuerda que Hizbollah se atribuyó el atentado, pero agrega que el mismo «sólo fue posible por el apoyo material del Ministerio de Información y Seguridad de Irán». Añade que la investigación inicial -que estuvo y está a cargo de la Corte Suprema de Justicia por ser la víctima un Estado extranjero-«generó controversias e indicios de actos de corrupción y antisemitismo», lo que causó su estancamiento.

La jueza fue más allá incluso de lo pedido por los demandantes (la viuda, los hijos y el padre de Ben Rafael): admitió que el atentado contra la AMIA «eclipsó el caso de la Embajada, atentado que también fue cometido por Hizbollah con la organización y financiamiento de Irán». O sea, los mismos argumentos con los que Canicoba Corral pidió a Interpol la extradición de cinco iraníes y el libanés Ihmad Mouhgnyeh, muerto hace algunos días en un atentado en Damasco (Siria).