Juicio público sólo en contra de sacerdote

El actual Código Procesal de Arslanian y Díaz Bancalari cacareado como el del «juicio público y democrático» con «jueces de Garantías»(?) etc. es un claro ejemplo entre la imagen enarbolada y la cruda realidad. En efecto, el proceso -como vemos en el del padre Grassi- en verdad es escrito y reservado en su esencial primera parte, con muy pocas «garantías» en este caso, al punto tal que ni siquiera le dejan saber quién es el famoso acusador televisivo ¿o quizás extorsionador? Y a diferencia de lo que se ve en cualquier película de EE.UU., aquí, salvo el fiscal y el juez, nadie sabe ciertamente cuáles son las pruebas existentes porque no hay audiencias preliminares orales para que todos se enteren.

Ante tanto oscurantismo y maniobra mediática, es razonable y un deber para los defensores del padre Grassi pretender filmar la pericia psicológica, sobre todo porque esos dictámenes no siempre permiten revelar algún tipo de indicador que señale que haya cometido el hecho endilgado y además hay que corroborar que «la voluntad de» o «hacia que» no quede sólo en el plano ideativo.

Pero hay algo más grave y es que si los fiscales nada objetaron sobre el escándalo público de los «telenocturnoinvestigadores» en su favor, una elemental equidad indica que no pueden aspirar luego a ser los únicos protagonistas ni seleccionar las diversas posturas contrarias que naturalmente han de darse ya que, así las cosas, la balanza judicial está desequilibrada. Y es máxima jurídica que