Kirchner se cargó a otro magistrado

El gobierno, que quiere capturar el máximo tribunal penal de la Nación donde se juzgan casos de corrupción y también causas de ex militares, logró una primera baja. Renuncia para jubilarse Amelia Berraz de Vidal, quien curiosamente no había sido señalada por Néstor Kirchner en sus acusaciones por demorar expedientes donde se investigan delitos aberrantes. Ocho de los doce magistrados de la Cámara de Casación Penal de la Nación están en condiciones de irse a su casa jubilados, y el gobierno puede festejar ahora que comienza a desgranarse. Es el último envión por la Justicia propia del kirchnerismo tras cambiar la Corte y el Consejo de la Magistratura.

Néstor Kirchner

La presión política que ejerció Néstor Kirchner sobre los jueces de la Cámara de Casación tuvo su primer efecto: la renuncia de Amelia Berraz de Vidal. La camarista le anunció ayer al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que abandonaba su cargo para jubilarse. La dimisión se hará efectiva a partir del 1 de junio.

La salida de Berraz de Vidal anticipa un éxodo de jueces del tribunal de Casación. Deja, además, a la Casa Rosada en condiciones de instalar en la cuestionada Cámara a un hombre o a varios hombres de su preferencia ideológica.

En el acto por el golpe de 1976, el 24 de marzo, el Presidente había apuntado contra los miembros de la Cámara, acusándolos de demorar presuntamente las causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos. El gobierno aceleró de este modo un proceso que germinó en enero en el Consejo de la Magistratura de la mano de Diana Conti. La diputada, líder de la comisión que echa y nombra jueces, avanzó sobre la Casación con una auditoría que tenía como fin demostrar que los camaristas habían congelado durante cinco años las investigaciones relacionadas con el terrorismo de Estado.

Esa estrategia fue respaldada luego con una denuncia de organismos de derechos humanos que acusaron a cuatro camaristas de ese tribunal de «demorar» y «entorpecer» esas causas.

En la denuncia, apuntaron contra los jueces de la Sala IV de la Cámara, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Capolupo. También contra el presidente del Tribunal, Alfredo Bisordi, quien terminó pidiendo licencia médica por 30 días después de un electrizante intercambio de opiniones con el jefe de Estado.

Bisordi había acusado al gobierno de pretender « darles órdenes a los jueces por televisión».

En Casación siempre sorprendióque Amelia Berraz, no hubiera integrado la lista de los jueces denunciados. La camarista era miembro de la Sala IV, popularmente conocida como la «Sala Militar», integrada por Gustavo Hornos y Ana María Capolupo. Habría firmado la mayoría de los expedientes en los que se le otorgó la excarcelación a los militares.

Según afirman sus compañeros de butaca salió de esas causas con un argumento bastante curioso: alegó que era vecina de un miembro de las Fuerzas Armadas. En rigor, la renunciada jueza tenía un argumento de mayor peso si lo que pretendía era desvincularse de las investigaciones por violaciones de derechos humanos (cosa que logró). Su consorte, es un coronel del Ejército.

Respaldo

Los detractores de la jueza, aseguran que no integró la lista de los acusados porque habría contado con el respaldo del propio gobierno. Le atribuyen buena relación con Eduardo Farah, el juez platense recientemente ascendido a camarista federal subrogante en la estratégica Sala I de Eduardo Freiler y Gabriel Cavallo.

Tras la pelea Bisordi-Kirchner, la magistrada fue marginada y culpada de que el Presidente hubiera elegido a la Casación para entablar un disputa que el resto de los camarista no querían tener. Incluso Bisordi recibió esos reproches.

Ese habría sido el motivo principal que llevó a la integrante de la Sala IV a presentar su renuncia al cargo para acogerse al beneficio de la jubilación.

«Con seguridad la renuncia será aceptada por el Presidente», aseguraron fuentes del gobierno. Antes remitirán la dimisión al Consejo de la Magistratura para verificar que la jueza no tenga causas pendientes.

La renuncia de Berraz tiene otros componentes: su jubilación ya estaba acordada. Por edad, sólo faltaba que se acogiera al retiro. En rigor, de los doce jueces que componen la Cámara de Casación, ocho están en su misma situación. La Constitución dispone que los magistrados cuando cumplen más de 75 años tienen que pedir al Senado que le renueve el acuerdo para seguir ocupando su butaca. Esa método quedó frenado cuando el juez Carlos Fayt presentó una demanda judicial en contra de la cláusula impuesta en la reforma de la Constitución del 94 por inconstitucional. El veterano juez obtuvo un fallo favorable y conservó su puesto.

Sólo cuatro jueces no están en esas condiciones: Bisordi, Riggi, Hornos y Angela Ledesma. Llamativamente, los tres primeros tienen pedido juicio político.