Carlos Menem purgó 167 días de arresto domiciliario en 2001 bajo el cargo de presunto «jefe de una asociación ilícita» para el tráfico de armas. Ocurrió cuando gobernaba la Alianza, y la causa principal estaba en manos del juez federal Jorge Urso.
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Pero Menem y su ex asesor, Emir Yoma, fueron liberados por orden de la Corte Suprema de Justicia, que cuestionó duramente a Urso al decir que no estaba configurado el delito de « asociación ilícita».
Después del fallo de la Corte, la Cámara de Casación le quitó la causa a Urso y unificó todo en el juzgado de Julio Speroni, que hasta ese momento sólo investigaba el contrabando de pólvora a Croacia en una causa conexa con la de Urso. De este modo, Speroni pasó a investigar la supuesta venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Antes de jubilarse, el juez Speroni resolvió dictarle la falta de mérito a Menem. En su fallo, el juez en lo Penal Económico consideró que «no resulta suficiente la prueba acumulada» en el expediente para sobreseer ni para dictar la culpabilidad del ex mandatario.
Menem ya había recibido una vez la falta de mérito de Speroni en este proceso, pero debió volver a tomarle declaración indagatoria y sopesar su responsabilidad por orden de la Cámara en lo Penal Económico, compuesta por Marcos Grabivker (el juez que promociona el monopolio «Clarín» como su candidato a la Corte Suprema), Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos.
El juez Speroni descalificó la confesión del ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y de la ex secretaria de Emir Yoma Lourdes Di Natale, quienes habían complicado al ex cuñado de Menem. En otras palabras, el juez se plantó en la hipótesis de que el contrabando de armas y municiones entre 1991 y 1995 fue organizado por funcionarios del Ministerio de Defensa y los traficantes de armas, sin apuntar más arriba.
De esta forma, la causa, luego de la polémica decisión de la Corte Suprema de liberar a Menem y a Yoma, y decir que no está probado que hubo una asociación ilícita, ni falsificación ideológica de decretos presidenciales, llegó a otro momento judicial decisivo que beneficiaba al riojano.
Cuestionamiento
Pero sucedió la jubilación de Speroni, que vino a cambiar las cosas para el ex jefe de Estado. El control de la causa recayó en Rafael Caputo, un secretario de la Sala B de Grabivker que la manejó durante 10 años y que era acérrimo crítico de las medidas que tomaba el juez Speroni. Precisamente, lo que hizo Caputo al asumir fue cuestionar toda la investigación y la acomodó a su gusto, además de pedirle la renuncia a todo el equipo de investigación.
Antes del desembarco de Caputo, al ordenar que se profundice la pesquisa en torno a Menem, el juez Grabivker había escrito que el alejamiento de Speroni iba a «brindar la posibilidad y la esperanza de que la investigación pueda llegar a mejorar a pesar de los largos años transcurridos» desde su inicio.
En junio último, la fiscal Alicia Sustaita le solicitó a Caputo que revoque la falta de mérito de Menem, Cavallo y Camilión. Pidió que el ex presidente fuera procesado por «contrabando agravado».
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