Más para echar gente del país

Para el juez que entiende la causa de los presuntos pedidos de sobornos en el Congreso por la ley -aún sin aprobar en Diputados y con improbabilidad de que esto sucedaque castiga a bancos y ciudadanos en beneficio de los sindicatos, parece que encontró una salida al reclamo o barullo de medios y políticos en busca de un culpable: ayer, tras enterarse del viaje de Emilio Cárdenas a Sudáfrica, el magistrado Claudio Bonadío decidió que el banquero, antes de cualquier otro traslado, debe consultar o pedir permiso en el juzgado. Como si avanzara a clasificarlo en una suerte de «testigo remiso» por no explicitar o denunciar a quienes -se dice-le pidieron coimas o, acaso, por el supuesto de que haya hablado de esto sin fundamento.

Una derivación cada vez más insólita, en términos jurídicos, de la aprobación del Senado que le concedería al gremio bancario más de 300 millones de pesos. Si bien en todo este proceso hubo en apariencia mucho más humo que fuego, lo cierto es que el escándalo parecía una pantalla para que en Diputados se avalara la media sanción de la Cámara alta. Pero Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna se han mostrado fuertes para contener esa jugada sindical en el Congreso. Nada pueden hacer en cambio, se supone, por los coletazos o complicaciones a banqueros en el ámbito de Tribunales.

•Inquietud

No es menor ni insignificante el dato porque se agrega a una tendencia: ya empresarios y banqueros de origen extranjero prefieren cambiar de destino, requieren el exilio de la Argentina. Son varios los casos e, institucionalmente, se invocan pérdida de ganancias, baja de salarios, caída de los negocios y, también, como consecuencia, fe en el «management local». En rigor, los extranjeros -como hace poco se fueron el titular del Citibank y el del HSBC-manifiestan inquietud por la inseguridad personal o familiar ante robos y secuestros y, mucho más, se preocupan por ligeras pero desagradables imputaciones (encuadrarlos como «traidores a la patria» que no pertenecen) o hacerlos desfilar ante la Justicia por cualquier nimiedad. Por no hablar de las interferencias telefónicas, Excalibur u otras invasiones a la privacidad.

Como justificaba con dolor uno de ellos el fin de semana: el criticado general Hugo Chávez, en Venezuela, acusó a los bancos por hacer fugar capitales, pero jamás se le ocurrió imputarle «traición a la patria» como sí hicieron algunos legisladores argentinos. Lo curioso es que en la Argentina muchos critican a Chávez por su avance creciente sobre la actividad privada. Esos insultos locales, más el default, la pesificación, la devaluación o la primera ley de quiebras, fuerzan a que cualquier extranjero ya empiece a sospechar de la tranquilidad en el país.

•Bochorno

Ni una reacción sobre esto se advierte en el gobierno, el mismo que sí parece sensible al griterío de los medios o al bochorno de algunos senadores (lista interminable con Jorge Capitanich, Malvina Seguí, Luis Barrionuevo, José Luis Gioja, Carlos Maestro) que parecen molestos por lo que no pueden ganar o por lo que suponen que ganan otros. Como el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof (recordar una frase preferida: «No se olviden que nos vamos en mayo y en el verano hay poco por hacer»), quien con su segundo Eduardo Amadeo lo obligaron a Lavagna para que cancelara un contrato con un colaborador mencionado en el escándalo, bajo la argucia de que cobraba mucho, cuando el juicio que sobrevendrá por incumplimiento de contrato quizás resulte mucho más caro en el futuro. Pero, en materia de violar contratos, este gobierno jamás se ruboriza.