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17 de diciembre 2002 - 00:00

Más turbulencia por un subsidio del BIRF

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Aunque la donación resulta extraña por el hecho de que una dependencia encargada de investigaciones criminales en el Estado, reciba dádivas de un organismo internacional vinculado a la administración pública, tanto desde la Oficina Anticorrupción como del Banco Mundial, se habían apresurado a desmentir las cifras de la denuncia de Colombo. Las partes del obsequio, por intermedio del propio fiscal José Massoni y la representación en Buenos Aires del BIRF, hablaron sólo 400 mil dólares, de los que se habrían ejecutado unos 100 mil, pero a la luz de los nuevos elementos eso no sería más que una parte ínfima de la transacción. La semana pasada el denunciante ya había contradicho a la OA y al Banco Mundial aportando datos sobre un desvío a una cuenta en el Banco Comercial Credit of New York de fondos provenientes de la misma donación, que lleva el número 27.282, con cargo a la cuenta 3.257/83 del Banco Nación Sucursal Plaza de Mayo, correspondiente a la OA. La información indicaba que la orden de la transferencia la había realizado el estudio Gleason Koatz & Dyer, con domicilio en el 230 de Park Avenue, New York, en su carácter de apoderados de la cuenta. La nueva documentación que recibió ayer el juez Oyarbide, a cargo de la causa, parece aclarar los montos y demás detalles de la operación cuya salida a la luz pública preocupa a los funcionarios de la Oficina Anticorrupción y al ministro de Justicia de quién depende. Se trata del fax que habría emitido el estudio Gleason Koatz & Dyer al Banco Nación Sucursal New York, para ratificar órdenes verbales anteriores, en el que se señala que de los u$s 50 millones recibidos de la remesa BIRF 27.282, u$s 400 mil debían remitirse a la cuenta de la OA en el Banco Nación Sucursal Tribunales (la cantidad «blanqueada»), u$s 42 millones 600 mil debían depositarse en la cuenta abierta por el estudio en el Comercial Credit of New York, LLD y el resto, es decir u$s 7 millones, debían quedar «transitoriamente en la entidad crediticia original a la espera de nuevas instrucciones sobre su aplicación» y cuyo destino se desconoce. Tampoco se sabe en que pudo haber utilizado la OA los u$s 42 millones 600 mil dólares y apenas se tiene una idea general de en qué se usaron parte de los u$s 400 mil dólares. Un manejo que al menos no parece digno de una entidad encargada de revisar la corrupción ajena. El señor Koatz, socio del estudio, dijo a

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