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Ambos funcionarios están rodeados por la Justicia y por el gobierno, que ayer les disparó munición gruesa: «Esto no es para cagones, es para quienes tengan decisiones muy duras y estén aptos para tomarlas», dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien consideró que Quantín «sufre por la herida» y «no tiene autoridad para calificar al Presidente». Ayer, la defensa del comisario Cayetano Greco pidió formalmente que Quantín (jefe de los fiscales «mani pulite» o «los Centauros» en el pasado) sea indagado por el copamiento por parte de Luis D'Elía de la Comisaría 24ª de La Boca, un episodio que no ocurría desde la década del '70.
Además del fiscal, los abogados Marcelo Rocchetti y Juan Cerolini quieren que el juez Jorge Urso le pida al presidente Néstor Kirchner que informe cuáles fueron las órdenes que se dieron desde el poder político el día en que el «piqueblando» y sus milicias callejeras irrumpieron violentamente en la sede policial.
El pedido del dúo de abogados (que también defiende al ex jefe de la federal Roberto Giacomino) está basado en las declaraciones que Quantín hizo al diario «La Nación». En ese medio afirmó que, desde ámbitos políticos, se impidieron «dos recuperaciones» de la comisaría frente al accionar de manifestantes que reclamaban por el homicidio de Martín Cisneros, un colega de D'Elía. Por eso, quieren que el jefe del Estado sea citado como testigo para que diga con precisión «si las órdenes eran no hacer nada» ante el accionar de los manifestantes y si hay un «tratamiento diferenciado» en las protestas sociales, como sostuvo Quantín.
Rocchetti y Cerolini, luego de calificar esas declaraciones de «bastante poco felices y desleales», remarcaron que el ex secretario afirmó que, si la Policía no hubiese cumplido las órdenes que se le impartieron, «no se habrían frenado los dos intentos de recuperar» la Comisaría 24ª.
No es un simple detalle. El comisario Greco fue desplazado de su cargo, y su carrera quedó trunca por una decisión del gobierno de separarlo de la fuerza por ese episodio. Si se comprueba que, además de desobedecerse la orden de una jueza, hubo decisiones de índole política, entonces Greco estaría en condiciones de iniciar (y ganar) un juicio contra el Estado.
Hace dos semanas, el comisario Greco hizo temblar al gobierno cuando en un escrito aseguró que le impidió «retomar la comisaría». Y puntualizó que esas instrucciones las recibió del ex subsecretario José María Campagnoli.
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