Nazareno confirmó que se despesificarán depósitos

El juez Julio Nazareno sugirió ayer las líneas generales que seguirá la Corte Suprema para redolarizar los plazos fijos. El presidente del alto tribunal trató de relativizar sus afirmaciones con la excusa de que podría ser recusado, pero, ante una pregunta, aceptó que validar la pesificación sería vulnerar el derecho a la propiedad garantizado por la Constitución, tal como viene anticipando este diario. Es casi jurídicamente inevitable que la Corte falle en este sentido, pero se buscarían formas para evitar las consecuencias negativas para la economía que tendría una decisión tajante en un tema tan delicado. Por eso, Nazareno explicó que «los acreedores quieren dólares y los que deben quieren pagar en pesos», interpretando la línea que insinúa mayoría en que se debe reconocer el valor original de las acreencias y mantener la pesificación para los deudores, recargando en el Estado el costo de la compensación a los bancos. También aclaró que no le corresponde a la Corte fijar los instrumentos de despesificar la economía sino que eso es resorte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, responsables de haber instrumentado las cuestionadas medidas económicas.

Julio Nazareno anticipó ayer lo que es un secreto a voces en los Tribunales pese a su aclaración de que no iba a pronunciarse para no ser recusado: «Si usted pesifica al que depositó dólares, surgen situaciones que están afectando el derecho a la propiedad. Los acreedores quieren dólares, los que deben quieren pagar en pesos». Así se defendió el presidente de la Corte ante el asedio de los movileros que -por primera vez en muchos añosfueron invitados a subir al salón de té del máximo tribunal. El concepto de Nazareno ratificó lo anticipado por este diario de que la Corte despesificará los depósitos bancarios en favor de los tenedores de plazos fijos y otras acreencias bancarias y por el contrario, mantendría la pesificación para quienes tienen deudas hipotecarias, obligando al gobierno, al que consideran responsable de la política econó-mica, a instrumentar los medios para compensar a los bancos.

Esta estrategia es una línea general que, ahora, debe pasar por el matiz fino de las diferentes interpretaciones jurídicas y cuyos detalles se irán exponiendo a medida que se avanza en la negociación inter-na de los máximos jueces, superadas las rispideces de los últimos días por los 8 meses de enjuiciamiento político por parte de la Cámara de Diputados. Precisamente, la conferencia de prensa de ayer brin-dada por Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor apuntó, con relativo éxito, a defender a la Corte de los ataques políticos y mediáticos. Una movilera insistió hasta lo imposible para que ambos jueces reconocieran tener la conciencia tranquila por su actuación al frente del máximo tribunal.

Nazareno rechazó los argumentos de los periodistas de que la Corte estaba enjuiciada por su actuación y atribuyó la embestida a «una decisión política», lo que provocó una doctrinaria explicación de Moliné O'Connor (ver recuadro) sobre la obligación de los jueces de ajustarse a lo que marca la Constitución y no a la tendencia circunstancial de sectores políticos o mediáticos. La explicación del vicepresidente de la Corte apuntó también al frente interno en el que no son pocos los jueces -sobre todo del fuero federal-que fallan con un ojo puesto en los códigos y otro en la tapa de los diarios o en el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, Nazareno reclamó que «cesen las interpretaciones políticas de los fallos de la Corte» y descartó que algunos de sus miembros abandonen su cargo. «Lo único que queríamos era un rápido enjuiciamiento y el derecho a la defensa; ninguno de los jueces pensó en renunciar», dijo. Obviamente, calificó positivamente la decisión de los diputados de archivar el juicio.

• Jubilaciones

También negó que haya habido negociaciones con el gobierno para que se cierre el juicio a la Corte porque si no, «este tribunal no hubiera sancionado la devolución del 13 por ciento en los salarios estatales, tal como lo establece la Constitución». Ante una pregunta sobre la defensa de las jubilaciones y del no pago del Impuesto a las Ganancias, Nazareno sostuvo que eso está regido por la Carta Magna y que si alguien quiere modifi-carlo, lo que tiene que hacer es proponer la reforma de la Constitución. Al retornar a la pesificación, Nazareno sostuvo que la Corte está esperando que el gobierno termine con su batería de medidas que modifican permanentemente la situación jurídica. Para los jueces supremos, no es lo mismo el momento actual del «corralito» que el que se conoció con el fallo Smith, en el que se lo declaró inconstitucional y abrió el camino para la avalancha de amparos judiciales.

• Tiempo

De todos modos, un criterio que circula en la Corte es no reconocerle legitimidad al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, para pleitear en nombre de los afectados por el «corralito». Esa interpretación podría revocar el reciente fallo de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que convalidó el plan-teo del ombusdman, nulificando de manera general la pesificación. Esos jueces supremos entienden que los recursos deben ser individuales y que incluso muchos casos pueden encontrarse solucionados entre las partes a raíz de la vigencia de las nuevas normas de Economía que flexibilizaron el «corset» financiero. Esta decisión daría tiempo a la Corte y al gobierno de ir definiendo cada caso en particular en espera de una situación similar a la que se dio con el plan BONEX, cuyos títulos llegaron a cotizarse en una paridad de 70 por ciento cuando la Corte los avaló.

Pero no habrá una definición inmediata e, incluso, hasta se podría postergar la designación de los conjueces para reemplazar a Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, que se excusaron por tener dinero retenido en el «corralito» porque Augusto Belluscio y Gustavo Fayt pidieron estudiar los nuevos temas que ingresaron para ver si coinciden con el voto de Nazareno, Moliné O'Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez, que ya se pronunciaron internamente en contra de la pesificación. Esas nuevas causas son las «María Esther Beraz contra el Estado Nacional s/recurso de amparo» y provincia de Córdoba por retención de un plazo fijo por el Banco Nación igual que San Luis y los ya conocidos de Antonio Acerbo contra el Banco de Chubut y Ciro Saber contra la provincia de Río Negro. Beraz está dentro de los reclamos que hizo Nito Artaza.