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Moderado, según quienes promovieron su designación, basó siempre sus medidas «anticorralito» y antipesificación en la situación de excepción del reclamante. A diferencia de otros jueces, no concedió amparos por «corralito» de manera masiva y, desde la óptica del gobierno, esos fallos no lo invalidan para su nuevo rol como procurador del Tesoro, en otras palabras, abogado del Estado.
Por ejemplo, en una causa planteada por un ahorrista del Banco Francés, Guglielmino falló que, más allá de que el sistema implantado -el «corralito»fuera injusto o inconstitucional, es de cumplimiento imposible que en un mismo día todos los depositantes vayan a retirar la totalidad de los depósitos. Por lo tanto, era ilusorio conceder todos los amparos reclamados sin considerar su razonabilidad. La trayectoria de Guglielmino como juez lo forzará a otras explicaciones, como por ejemplo frente a sentencias como las que firmó ordenando la devolución del recorte del 13% a jubilados y pensionados, medida que tomó en 2002; hoy, como procurador, estaría obligado a rechazar esa pretensión en resguardo de la tesorería.
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