El juez federal subrogante de Rawson, Hugo Sastre, allanará mañana la base aeronaval Almirante Zar en un intento por reunir pruebas para avanzar con la investigación de los hechos que produjeron la muerte de 19 guerrilleros en 1972. No se había visto a la Justicia apadrinar con sus procedimientos conmemoraciones del pasado cruento del país. La base aeronaval Almirante Zar, un marino arrepentido que denunció espionaje ilegal y el juzgado federal de Rawson ya fueron teloneros del 30º aniversario del golpe del '76 con aquel allanamiento realizado a instancias de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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Hoy, a cuatro días del 34º aniversario de la denominada «masacre de Trelew» del 22 de agosto de 1972, el magistrado Sastre, junto con el fiscal federal Fernando Gelvez, el letrado de la querella Eduardo Hualpa y una comitiva de familiares de los guerrilleros abatidos, inspeccionará instalaciones de la base aeronaval Almirante Zar. ¿Qué podrían encontrar?, ¿habrá indicios que señalen la responsabilidad del gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse?, ¿muescas de impactos de metralla en paredes? No hay sobrevivientes para reconstruir la situación. Entre los puntos que lleva el juez, la querella requiere un informe integral y exhaustivo a la Armada sobre los hechos y la actuación de los responsables, con informaciones precisas sobre su posterior y actual situación de revista.
Fuga a Chile
En 1972, en el penal de Rawson estaban detenidos decenas de militantes de las organizaciones guerrilleras Montoneros, FAR y ERP, entre otros, que enfrentaban la dictadura de Lanusse. El 15 de agosto de 1972, los presos lograron tomar el penal para fugarse hacia Chile, donde gobernaba el socialista Salvador Allende. Un primer grupo -integrado por los líderes de las agrupaciones- logró escapar, pero por errores en la organización de la fuga los restantes 19 llegaron al aeropuerto de Trelew cuando el primer grupo ya había abandonado el país. Tras ocupar el aeropuerto, que en pocos minutos fue sitiado por fuerzas militares, convocaron a una conferencia de prensa y se rindieron.
El 22 de agosto de 1972, en hechos que ahora se tratarán de esclarecer, los guerrilleros fueron muertos a balazos por los guardias de la Armada en el penal de la base. La voz oficial del sumario militar de aquel entonces estableció que mientras se trasladaba a los presos de sus celdas, uno de ellos había intentado arrebatar el arma de un custodio y la balacera de una ametralladora PAM dejó un saldo de 16 muertos; sólo tres sobrevivieron: Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger. Estosnarraron luego la masacre, aunque desaparecieron después en la represión de 1976.
Cámara lenta
Los querellantes son familiares de: Humberto Toschi, Eduardo Capello y Rubén Bonet. En la presentación para la reapertura de la causa están: Ilda Irma Bonardi de Toschi, Soledad Dari de Capello, Alicia Noemí Lelchuk de Bonet y Hernán Diego y Mariana Paula Bonet. El abogado patrocinante es el mismo que acompañó la denuncia de espionaje ilegal realizado en la oficina de inteligencia de la base Zar, causa también a cargo del magistrado Hugo Sastre.
Los 34 años de la masacre de Trelew le dieron respiro al juez Sastre, quien, más acostumbrado a dirimir rencillas políticas -fue prosecretario del juzgado electoral-, puso cámara lenta a la investigación del espionaje ilegal.
La reapertura de la causa de la masacre de Trelew respondió a una petición que habían hecho los familiares de los militantes muertos Néstor Kirchner en 2005. El juez Sastre recibió el expediente tras un complicado trámite jurídico administrativo que impulsó el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, quien, junto con Eduardo Luis Duhalde, fue uno de los abogados de la militancia que en aquel tiempo viajaron a Rawson para defender a los fugados del penal. Ambos concurrirán al acto central de la conmemoración que tendrá lugar el próximo 22 de agosto a las 17 en el Aeropuerto Viejo de Trelew.
El gobernador Mario Das Neves presidirá la ceremonia, y los familiares de los militantes esperan, además, que se cumpla otro de los puntos del petitorio elevado a Kirchner: la construcción de un monolito en la base a la memoria de las víctimas y de los sobrevivientes secuestrados.
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