La Justicia federal comenzó a acelerar los tiempos para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dispuso el Congreso. El contexto político parece haber doblegado la resistencia que supieron tener los jueces para tratar el tema. Y aunque en un pasado no muy lejano, verbalmente se pronunciaban en contra de la decisión de los legisladores, ahora estarían dispuestos con sus fallos a sepultar definitivamente las leyes de punto final.
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Le tocó al juez Jorge Ballestero el primer turno para decir si fue legal la decisión del Congreso. Esto porque la Cámara de Casación Penal resolvió trasladar al magistrado el expediente para que avance sobre un planteo de inconstitucionalidad a la medida adoptada por los legisladores. Ballestero es quien investiga la desaparición de una veintena de militantes montoneros, un episodio que le costó a su colega Claudio Bonadío abandonar el caso por ordenar la detención de los dirigentes Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía.
También fue el juez que durante un seminario organizadopor la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires se pronunció a favor de crear la figura de genocidio. Allí estaban también Gabriel Cavallo y Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón, el defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, y el camarista de La Plata Leopoldo Schiffrin.
Una vez que Ballestero se expida sobre la validez de la nulidad de las normas volverá nuevamente a la Cámara de Casación, aunque antes
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