El gobierno habría decidido resolver el problema del número de los integrantes de la Corte Suprema, hoy incompleta y por lo tanto, para muchos expertos, con dudosa constitucionalidad sus resoluciones. Igual, no era esa discusión la que se priorizaba en la Casa Rosada. Más bien, se inquietaban por las dificultades para conseguir mayoría para cuestiones como la pesificación. Como se sabe, han abundado las presiones para nominar nuevos candidatos para alcanzar los 9 miembros que dictan las normas (de los tiempos de Carlos Menem), pero esa alternativa fracasaría tanto como la de aquellos otros que sugerían fijar en 7 la cantidad requerida (sugestión de tres miembros del cuerpo, dos mujeres y un santafesino). De acuerdo con todas las versiones, contra esas propuestas ya habría hasta un decreto redactado -a ser confirmado luego por una ley- para regresar al número de 5 la totalidad de ministros de la actual Corte Suprema.
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Por supuesto, no es este número el que ahora preside el instituto, aunque el decreto en rigor anticiparía la fijación de 5 a medida que se produzcan dos vacantes, una que muchos han anticipado inútilmente como inminente (Carlos Fayt) y la otra de Enrique Petracchi, quien apelaría a la jubilación con más premura que su colega más veterano y molesto para continuar en el elenco porque no toleraría que sus compañeros no le renueven la titularidad de la Corte (al menos, esa intención del retiro de Petracchi ya anida entre uno de los mayores kirchneristas del Congreso nacional, Jorge Capitanich). De acuerdo con ciertas versiones, el propio Petracchi dispone información sobre la medida oficial de reduccióndel número y, antes de partir al exterior, habría sugerido que se aguardara su regreso para cualquier determinación.
Interpretaciones
Como es de imaginar, son varias las interpretaciones relacionadas con esta presunta decisión oficial. Una, maledicente y política, no tiene desperdicio: alude a las dificultades del gobierno para encontrar razonables postulantes propios para cubrir las vacantes actuales y venideras, además con las suficientes capacidades para superarobjeciones obvias de la ciudadanía (sean ONG, colegios, etc.). Algún tipo de asidero ha tenido esta versión, vista al menos la dilación oficial para conseguir reemplazos y, sobre todo, la conflictiva nominación que causaron ciertos aspirantes, como Carmen Argibay, cuya consagración le ocasionó al gobierno cierto deterioro. O sea, algunos nuevos provocaron más problemas que soluciones.
Junto con este criterio, habría que sumar otra realidad: volver al número de 5 ofrece la tranquilidad de que en el futuro sólo tendrá privilegio de opiniónla mayoría de todos aquellosque fueron designados por la administración Kirchner (Eugenio Zaffaroni, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Argibay) con el complemento seguidista de Juan Carlos Maqueda,de inspiración y nombramiento duhaldista, pero de fragoroso empeño para adherir al kirchnerismo.
Por otra parte, si prospera la iniciativa hoy en el despacho de Oscar Parrilli, la disminución progresiva de los integrantes de la Corte permitiría retornar al número previo existente hasta que Carlos Menem -en inédita sanción legislativa por su velocidad- incrementó la cantidad para favorecerse con la mayoría. Algo semejante a lo que muchos gobiernos han hecho en la Argentina, propósito del cual tal vez no esté exento el gobierno si avanza con la reducción, aunque el fundamento a vender como propaganda es que se ha terminado con otra de las groserías del menemismo. Curioso peronismo que tiene mayoría siempre, agrandando o achicando.
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