El escándalo conocido como caso Skanska tomó vuelo ayer nuevamente en el Congreso. Tres senadores de la oposición presentaron un pedido de informes al gobierno para que explique el rol que tuvo la Sindicatura General de la Nación en el análisis de las obras de ampliación de los gasoductos Del Norte y Del Sur que luego fueron cuestionadas por sobreprecios y supuestas coimas para su adjudicación.
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Como ese pedido de informes no será aprobado seguramente en el recinto de sesiones, los senadores harán una presentación que actuará como denuncia pública sobre la participación de la SIGEN en el escándalo.
El informe de la Sindicatura sobre la participación del Enargas en la supervisión de los contratos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur se conoció recién en mayo, pocos días después de que Néstor Kirchner decidiera remover a Fulvio Madaro de la presidencia de ese organismo y a Néstor Ulloa de la jefatura de Nación Fideicomisos. Allí se realiza una crítica revisión no sólo a la falta de controles sobre la contratación y precios de las obras en los gasoductos, sino también a la falta de explicaciones sobre los incrementos de costos en esos emprendimientos y deja claro que no son suficientes las explicaciones aportadas tanto por parte del Enargas como del gerente de proyecto de TGN, en el caso del Gasoducto del Norte.
Allí la SIGEN remarca que no encuentra suficiente explicación para el incremento de u$s 43,8 millones en el presupuesto de la obra.
Enargas
Dentro de la falta de documentación y las diferencias de costos, la Sindicatura hizo fuertes cuestionamientos también a la participación del Enargas en la obra del Gasoducto del Sur: «Con fecha 21 de febrero de 2005 se suscribió el Contrato de Construcción de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas-Fideicomiso de Gas-Ampliación del Gasoducto del Sur», entre Nación Fideicomisos, TGS, como gerente de proyecto y Norberto Odebrecht SA como contratista. De allí surge que el precio de esa obra fue de $ 291,2 millones.
Es allí donde la SIGEN hace, quizás, una de las denuncias más graves sobre este proceso, aunque inexplicablemente la realiza varios meses después de haber tenido la información. En la documentación solicitada al Enargas por la Sindicatura hubo serios faltantes: «No consta en el acta de apertura de la licitación el detalle de los montos de las ofertas presentadas. Tampoco existe en el expediente un informe técnico que pondere las ofertas y justifique la elección de la empresa Constructora Norberto Odebrecht SA», dice el informe.
Pero no es lo único: «No consta que se haya invitado a la empresa Camargo Correa SA a participar en la ronda de negociación para una rebaja de la oferta», continúa. Téngase en cuenta que precisamente en ese momento fue cuando TGN observó que las obras no podrían realizarse de acuerdo con el presupuesto inicial y el gobierno insistió en la necesidad de concluirlas cuanto antes en un intento por calmar la crisis energética.
Por eso es que la SIGEN se ataja: «Si bien el ente regulador recomienda la aprobación de la contratación por razones de criticidad en el plazo de construcción del gasoducto, no consta la existencia de un informe circunstanciado que avale la razonabilidaddel incremento del costo de la obra en u$s 34 millones».
Acusación
Rodolfo Terragno, Ernesto Sanz y el socialista Rubén Giustiniani acusan entonces a la SIGEN de no alertar sobre los presuntos sobreprecios que se iban a pagar para la ampliación del Gasoducto del Norte. En realidad, el problema es que la Sindicatura no informó «a tiempo» al gobierno no sólo de los sobreprecios detectados sino también de las deficiencias en los controles del Enargas sobre la contratación de las obras.
Ese informe fue realizado sobre datos aportados por el Enargas que fueron considerados, en muchos casos, insuficientes. El 2 de enero de este año, la Sindicatura puso en conocimiento del Enargas una versión preliminar del informe para que, como auditado, presentara su descargo.
Esto significa que la SIGEN, incluida en esto Alesandra Minniceli, esposa de Julio De Vido y segunda del síndico general, Claudio Moroni, sabía de las irregularidades desde el año pasado, cuando comenzó a elaborar el informe.
