El gobierno quedó desestabilizado por la audacia del secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, de convertir la teoría zaffaroniana en un anteproyecto de reforma del Código Penal. La propuesta transforma integralmente las penas que se conocían hasta ahora y avanza sobre discusiones que al gobierno no le interesa abordar -por lo menos en esta instancia-, como la legalización del aborto o la despenalización de la tenencia de estupefacientes. El sueño de Slokar de ver materializada en la letra la enseñanza que recibió de su antiguo profesor puede que ponga en peligro su continuidad en el cargo. Al menos eso era lo que se comentaba el viernes por la tarde.
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La idea de eliminar la prisión perpetua, de cambiar penas de prisión por otras alternativas, de hacer desaparecer el agravamiento de las condenas por reincidencia o de terminar con el delito asociación ilícita, ya tiene su impacto negativo en la sociedad.
La percepción ciudadana es que el estado de inseguridad se acrecienta ante la imagen de un poder público escasamente intervencionista en este terreno. El hombre de la calle tiene la impresión de vivir en un modelo social donde, ante el delito, parece primar la impunidad enmarcada en teorías progresistas sobre el tratamiento que debe recibir el que delinque. Sensación de indefensión que se incrementa conforme se desciende en los niveles de vida.
Aunque los teóricos del «Código K» aseguran que la nueva biblia penal cambia penas simbólicas por condenas de cumplimiento efectivo, ese pensamiento parece que no está claro en la letra del flamante proyecto. Y la clásica queja «los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra» parece que será reemplazada por otra más preocupante: «Nadie termina preso».
Los casos notorios incrementan esa percepción. En mayor medida cuando los índices muestran y confirman que un delincuente ya había sido detenido en otras ocasiones antes de cometer un delito de naturaleza más grave. ¿Por qué, entonces, hacer desaparecer el agravamiento de la pena por reincidencia?
La facilidad con la que se mueve la delincuencia (o llámesele impunidad) también es confirmada, indirectamente, por los datos estadísticos.
Además, con una Justicia colapsada y sin medios, cuya reforma es tan lenta (todavía no ha sido completada la Corte Suprema) difícilmente se resuelve el problema de la falta de operatividad. Con un futuro Código Penal de tendencias bestíficas con respecto a la delincuencia y al delincuente, donde la idea de reinserción prima sobre la de seguridad, donde la prisión preventiva es una excepción, los índices de criminalidad no han hecho sino crecer.
Si no, véanse otros testimonios, como la caída de la población penal, por efecto de la aplicación de los nuevos fallos que ubican a las penas privativas de la libertad como el último recurso de castigo. Con el nuevo Código Penal básicamente se anticipa que habrá excarcelaciones tan importantes como la que produjo la aplicación de la ley del 2x1.
Incremento
Desde 2001 la población penal se ha ido incrementando en números. Ese año el relevamiento en las cárceles de todo el país daba cuenta de la existencia de 41.000 presos. Para 2004, esa cifra se había elevado a 54.472. Los secuestros extorsivos, homicidios y tráfico de drogas están a la cabeza del ranking de los delitos graves.
En 2004, el sistema penitenciario federal registró el ingreso de 9.738 personas acusadas de distintos delitos. A 2005 ese número roza los 10.000. Sólo 39% de ellos recibieron una condena. El otro 59% mantiene la condición de procesado.
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