Yacyretá: juicio millonario pasará a un nuevo tribunal

Los gobiernos de la Argentina y de Paraguay pidieron ayer a la Justicia la homologación de un nuevo acuerdo alcanzado con los constructores de la represa de Yacyretá que les permitirá, según los responsables del litigio, mejorar su posición en un juicio por más de u$s 720 millones. Esa presentación la hizo el Ente Binacional Yacyretá junto con la reclamante de ese monto y la empresa Eriday-UTE, un grupo italiano del cual es socia, entre otras, la multinacional Techint, ante el juez en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal Ernesto Marinelli, en cuyo juzgado está planteado un reclamo de la parte argentino-paraguaya. Este logró frenar un juicio arbitral que se ventila en la Cámara Internacional de Comercio de París. Según el nuevo acuerdo que se firmó entre la propietaria de la represa (el EBY) y los constructores, ese reclamo millonario por presuntos mayores costos incurridos por la firma se discutirá en un nuevo tribunal arbitral que integrarán (si lo homologa el juez Marinelli), los juristas Antonio Crivellaro (por la parte privada), Héctor Masnatta (por el EBY) y Antonio La Pérgola (elegido por los dos anteriores y que actuará como presidente de este tribunal arbitral). Este tribunal reemplazará al que integraron hasta abril de este año los abogados Julio Barberis (un diplomático designado por el EBY), Emilio Cárdenas (ex embajador argentino designado por la parte privada) y el colombiano Nicolás Gamboa Morales (presidente de aquel tribunal). El amparo promovido ante la Justicia por el EBY se basó en que este tribunal que actuó hasta abril había rechazado la inclusión en el «acta de misión» (una minuta que enumera los ítem que se abrirían a prueba en el juicio arbitral) de cuestiones que la Argentina y Paraguay consideraban clave en defensa de su posición. La parte argentina, además, cuestionó que en ese «acta de misión» no se admitiese una declaración de la propietaria de la obra, que reivindicaba la jurisdicción de la Justicia argentina como instancia de revisión del resultado del laudo, por encima del tribunal arbitral de la Corte de París. Según el nuevo acuerdo -que depende ahora de la homologación de la Justicia argentina-, las partes convienen en la designación de un nuevo tribunal arbitral en el cual los árbitros lo serán «de parte», es decir, como mandatarios de las partes. En la anterior integración, se había aceptado que los árbitros, aunque propuestos por las partes, actuarían a su leal entender y sin obedecer a directivas de sus mandantes. Cuando EBY presentó en abril un amparo para frenar el arbitraje pidió precisamente la remoción del árbitro Barbería, quien, aunque designado por el propio EBY, había tomado decisiones que ésta consideraba lesivas a sus intereses, como no recoger en el «acta de misión» reclamos de fondo como el resguardo de la jurisdicción de la Justicia argentina como última instancia de apelación. • Intimación El juez Marinelli, al admitir el reclamo del EBY y ante la rebeldía de la constructora de la represa que seguía sosteniendo el anterior sistema arbitral, la intimó a cesar en esa conducta so pena de pagar una multa de u$s 7 millones más una gabela de u$s 1 millón por día. Por cierto, Eriday acató inmediatamente esa orden judicial, con lo cual sentó un precedente clave: reconoció a la Justicia argentina por sobre la de la Cámara de París bajo cuyo paraguas actúa el tribunal arbitral. En el nuevo acuerdo que firmaron en Roma el 2 de setiembre pasado el titular del EBY, el misionero Oscar Thomas y el ingeniero Arnaldo Facchinetti, por la empresa privada, no sólo se integra nuevo tribunal con árbitros «de parte». También la parte estatal insiste en que la Justicia argentina podrá revisar cualquier fallo arbitral como última instancia, algo que la Eriday, por lo menos ahora, consiente tácitamente, aunque no rechaza. Otro elemento novedoso del nuevo acuerdo es que si el presidente del nuevo tribunal elegido por las partes en litigio, el italiano La Pérgola, no pudiera asumir, su reemplazante deberá ser designado por el secretario de la OEA. Esta cláusula que da intervención a este organismo internacional estaba ya en el tratado original que dio origen a la obra, pero no había sido utilizado. Ahora, por el nuevo acuerdo, se agrega que la persona elegida por ese sistema no tiene que haber actuado como árbitro en juicios del CIADI. La constructora italiana, en su presentación original, les reclamó a la Argentina y a Paraguay la suma de u$s 792.813.035 (a valores del 31 de julio de 2002) por pagos incumplidos y mayores costos en la construcción de la represa. La demandada -los gobiernos de la Argentina y de Paraguay- ha respondido que la obra ya está pagada, que Eriday tuvo una rentabilidad de 12% y que es la constructora la que en realidad debe devolver dinero percibido en exceso. En 1998, la empresa había presentado un primer reclamo de u$s 1.000 millones por facturas de mayores costos, deudas y servicios impagos, que comenzó a negociarse entre la Argentina y Eriday, representada en ese momento por el estudio Henry Kissinger como «amigable componedor» (una figura prevista en el tratado original para resolver diferencias de este tipo). Bajo la administración Fernando de la Rúa (siendo director ejecutivo Rafael Martínez Raymonda), el país acordó someter la cuestión por el monto de u$s 792 millones a un tribunal de «árbitros de derecho» que integraban Barberis, Cárdenas y Gamboa. Según EBY, si el reclamo de la Eriday prosperase, el pago duplicaría el precio original de la obra, que se contrató en u$s 1.429.605.728 a valores de febrero de 1980.

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