Adiez días de finalizar el plazo para las impugnaciones contra el nombramiento de Eugenio Zaffaroni para integrar la Corte Suprema de Justicia, ya existen serias quejas sobre cierto mutismo del gobierno en responder inquietudes sobre los antecedentes del penalista. Al menos, esto es lo que expresó la Fundación Bicentenario que decidió trabajar sobre todos los aspectos que prevé el Decreto 222/03, que exige que toda observación que se realice contra la candidatura de Zaffaroni debe ser realizado de modo fundado y documentado.
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Al respecto, la fundación enumeró una larga lista de gestiones realizadas antes organismos públicos en los que se solicitaron información que -a entender-de entidad les permitirían conocer si el controvertido postulante a la Corte cumplía con los requisitos exigidos y planteados por el gobierno cuando publicó su nominación en el Boletín Oficial. Hasta ayer esa fundación no había recibido ninguna respuesta pese a que el requerimiento no es demasiado complicado.
Por caso, solicitaron que el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Béliz, responda -en base a la declaración jurada entregada por el propio Zaffaroni, la fecha de inscripción en la AFIP, la condición del penalista frente al IVA, las cuentas que tiene en Suiza, España y Brasil, la valuación de los bienes que posee en el extranjero, y muy especialmente si se encuentra inscripto en Ingresos Brutos dado su carácter confeso de locador de inmuebles en Capital.
También le pidieron a Béliz una copia de la denuncia que el ministro realizó contra Zaffaroni por el Código de Convivencia Urbana y una nómina de las sentencias revocada por la Corte cuando éste era juez.
La extensa solicitud también incluye dar a conocer aspectos de la gestión de Zaffaroni cuando se desempeñó como interventor del INADI durante la gestión de Fernando de la Rúa.
En la Oficina Anticorrupción se solicitó copia de las tres DDJ que Zaffaroni debió presentar por exigencia de la Ley de Etica Pública y el desarchivo de 89 expedientes en los que el penalista intervino como juez federal, juez de sentencia y camarista.
A través de seis escritos enviados a la Cámara Federal y a la Cámara Nacional se pidió copia de las sanciones disciplinarías y que de los libros de entradas y salidas de causas se certifiquen los Habeas Corpus sobre desaparición forzosa de personas tramitados durante su desempeño como juez Federal.
El reclamo también alcanzó a la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría, quien se negó a informar si Zaffaroni estuvo afiliado a algún partido político, por lo que esta inquietud también fue trasladada al ministro Béliz.
La preocupación de la Fundación Bicentenario no es la única. Hace pocos días, las organizaciones autoras de los documentos «Una Corte para la Democracia I y II» solicitaron a Béliz, que se dé a publicidad las observaciones referidas a Zaffaroni, tal como lo establece el decreto.
El Ministerio de Justicia anunció que las hará públicas recién al final del proceso. Pero las ONG no quedaron conformes con la respuesta. Sostienen que «es fundamental que las observaciones presentadas sean públicas durante el período en el que se permite la participación ciudadana.
