La Justicia hizo lugar al pedido de EE.UU. para incautar avión venezolano

Villena resolvió que por convenio de cooperación avalaría reclamo de tribunal norteamericano por aeronave sancionada. FBI ya lo inspecciona.

Secuestrado. A partir de ahora el Boeing 747 quedó formalmente incautado a pedido de los Estados Unidos.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar ayer al pedido de los Estados Unidos de incautar el avión venezolano retenido en la Argentina desde hace más de dos meses. El magistrado lo resolvió en el marco del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con Estados Unidos aprobado por la Ley 24.034, y luego de que la fiscal Cecilia Incardona se pronunciara en el mismo sentido. El avión, que permanece en el aeropuerto de Ezeiza, quedará en la Argentina a disposición de la Justicia local y, ahora también de la de Columbia, que había pedido su incautación.

Por eso, por vía separada, en la que el Estado de Venezuela no es parte, Villena resolvió el secuestro del Boeing 747 de Emtrasur. Y autorizó al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos a que se encarguen de la coordinación de su custodia. La Justicia los autorizó también a una evaluación inicial que incluye una inspección mecánica y una suerte de inventario de todos los elementos documentales que acompañaron a la aeronave que seguirá retenida en Ezeiza. Según el requerimiento de un tribunal de Columbia, estarán a la búsqueda de pruebas de presuntas violaciones a las leyes estadounidenses, incluso la financiación de cualquier vuelo que tuviera como destino Irán o Rusia, lo mismo que cualquier apoyo a cualquiera de las organizaciones terroristas señaladas. Todas esas actuaciones deberán ser efectivizadas a través del director ejecutivo del centro de Análisis, Comando y Control de la PSA, en conjunto con la participación del Agregado Legal del FBI. El juez le dio curso inmediato a las medidas por lo que ayer mismo comenzaron las inspecciones en busca de recabar los datos que precisan de acuerdo al requerimiento judicial foráneo.

El Tratado de Cooperación con los Estados Unidos es teóricamente recíproco y tiene como implicancia una prórroga de jurisdicción a favor de ambas naciones. Sus alcances pueden ser delimitados por la autoridad política. Pero en este caso, el Ministerio de Justicia que es intermediario en la secuencia de intercambio de pedidos, lo remitió sin objeciones al juzgado federal de Lomas de Zamora. Por esto quedó completamente vigente su cumplimiento.

Mas temprano la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos de incautar el Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur.

A principios de agosto el Departamento de Justicia de Estados Unidos transmitió una solicitud a las autoridades argentinas para incautar un avión de carga, luego de que se revelara una orden de incautación emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.

En la orden de incautación se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana.

Cuando se comunicó la decisión de la Justicia de Columbia, el departamento de Justicia norteamericano recordó también el supuesto vínculo de Mahan Air al Hezbollah con a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF), una organización sindicada como terrorista por los Estados Unidos.

La venta, según surge del comunicado, fue de Mahan Air a la “Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa), una empresa estatal venezolana”, algo que también fue confirmado por los propios tripulantes del avión.

El dictamen de la fiscalía de Lomas de Zamora se conoció después de que ayer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela criticara en duros términos a la fiscal Incardona. Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su “profunda preocupación institucional”. El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.