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La principal dificultad surgida a los dos meses del inicio del proceso, en el que el gobierno ha recibido alrededor de 300.000 solicitudes, mucho menos que las 800.000 esperadas, es la necesidad del inmigrante de documentar su residencia en España antes del 8 de agosto de 2004. El único documento probatorio que se acepta es el empadronamiento en los ayuntamientos pero, según las asociaciones de inmigrantes, muchos no lo hicieron por temor a ser expulsados por la policía, que tiene acceso al registro.
El empadronamiento seguirá siendo uno de los tres requisitos imprescindibles para solicitar la regularización, mientras los otros dos son un contrato laboral y el certificado que demuestra que no se tienen antecedentes penales.
Sin embargo, según acordó ayer el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal, los inmigrantes que no estuvieran empadronados desde antes del 8 de agosto de 2004 podrán hacerlo ahora a través del mecanismo conocido como «empadronamiento por omisión». Para ello, según explicó el titular de Trabajo,
El Consejo de Empadronamiento, órgano dependiente del Instituto Nacional de Estadística, será el encargado de determinar los documentos que se podrán aportar, entre los que se barajan la tarjeta sanitaria o el sello de entrada al país que figura en el pasaporte.
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