La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, deberá enfrentar un presente complejo luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, investigado por el caso Petrobras y públicamente distanciado del gobierno, adelantó que promoverá el debate de 11 pedidos de impeachment (juicio político) contra la mandataria, en un momento en el que las encuestas le dan la más baja popularidad desde que asumió su segundo mandato.
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La jefa de Estado, que ayer reunió a su gabinete para analizar la crisis generada por las denuncias de corrupción en Petrobras, reconoció cuando ganó su reelección en octubre pasado que le esperaría un período con grandes retos, y el panorama político pareciera confirmar aquel pronóstico.
Las denuncias de corrupción en Petrobras y la delicada situación económica que tiende a agravarse en Brasil llevaron a un escaso 7,7 % la aprobación del gobierno de la presidenta, según un sondeo divulgado hoy por la firma MDA para la Confederación Nacional de Transporte (CNT) .
La encuesta también señaló que el 62,8% de los brasileños respalda un eventual impeachment contra la presidenta, un 32% de los interrogados lo rechaza y el 5% no tiene opinión formada o no respondió.
El debate sobre un impeachment ganó preponderancia en los últimos meses cuando se realizaron dos marchas de protestas aunque luego los propios opositores asumieron que no estaban pidiendo un retiro anticipado de la mandataria. Sin embargo, cobró más peso esta semana cuando Cunha, que acaba de anunciar su alejamiento personal con el gobierno, dijo que promoverá el debate de 11 pedidos de impeachment contra Rousseff que estaban archivados y ahora podrán ser analizados por la dirección de la Cámara Baja.
Convertido en el principal enemigo de Rousseff, Cunha declaró este martes que "que realmente cuando uno ve esta encuesta cree que algo tiene que cambiar". En declaraciones que publica la estatal Agencia Brasil, el legislador detalló que pidió "la actualización de esos proyectos porque ellos no perdieron vigencia".
La virtual guerra política entre el jefe de Diputados y el Palacio del Planalto desató una "grave crisis institucional", según admitieron fuentes del gobierno a la agencia Ansa, y ante los acontecimientos Rousseff llamó ayer a sus ministros para establecer una estrategia con la cual campear la tempestad.
Frente a este panorama, el ministro Ricardo Berzoini, y el ministro de Aviación Civil, Eliseu Padhila, hicieron un llamado a la cordura y a que se establezcan "puentes" entre el Ejecutivo y Legislativo.
Cunha pertenece al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que, junto al Partido de los Trabajadores (PT), son la base de la coalición gobernante. El vicepresidente, Michel Temer, titular del PMDB, relativizó el impacto de la rebelión de Cunha y ratificó su alineamiento con Rousseff.
"Esto no significa una crisis institucional", dijo hoy el vicepresidente en un evento en Nueva York.
Al ser consultado por la situación en el Congreso recordó que la articulación política se da en un momento "un poco complicado de la economía brasileña". "La coordinación de políticas requiere construir las condiciones para la gobernabilidad e implica diálogo con el objetivo de oír demandas, acomodar los intereses y sumar contribuciones", señaló. Luego, en su cuenta de Twitter agregó: "La democracia es un régimen de contestación. Yo no apago el fuego con gasolina. Yo elimino fuego con agua".
Varios medios locales abordaron la repercusión de la embestida de Cunha, iniciada el viernes, que contaría con el apoyo del jefe de la cámara de Senadores, Renán Calheiros, ambos involucrados en las nuevas investigaciones que abrió la Justicia por el caso Petrobras.
La encuesta atribuyó también el actual nivel de popularidad de Rousseff a la situación económica del país, que según analistas del mercado financiero se podría agravar en los próximos meses.
La desconfianza en las instituciones políticas del país también se vio reflejada e la encuesta difundida hoy debido a que las iglesias y las Fuerzas Armadas son las instituciones en que más confían los brasileños, al tiempo que el Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos son las que generan una mayor desconfianza.
En el medio, la presidenta Rousseff manifestó su rechazo a la investigación iniciada por el ministerio público sobre el presunto tráfico de influencias del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Voceros contaron que en la reunión de gabinete de ayer, Rousseff se declaró "indignada" ante la investigación abierta por la Procuraduría Federal que sospecha que Lula incurrió en tráfico de influencias a favor de la gigante constructora Odebrecht, y pidió a sus ministros que hagan una defensa pública de su antecesor.
"Las gestiones de Lula en el exterior a favor de Odebrecht no es distinto a los que hacen reyes, príncipes, presidentes y ex presidentes en defensa de empresas y intereses nacionales", sostuvo la mandataria, que se quejó porque "mientras en otros países los buenos oficios de sus gobernantes son tomados como algo normal, en Brasil dicen que eso es crimen".
En esa línea, los abogados de Lula requirieron la suspensión de la investigación, porque únicamente se basa en artículos periodísticos y fue implementado por un procurador subrogante.
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