Londres - Gran Bretaña corre el peligro de convertirse en una nación de máxima vigilancia al estilo «Gran hermano», tras informarse que las autoridades «interceptan» diariamente los teléfonos de unos 1.000 británicos para recoger evidencias, en un hecho calificado ayer de «inaceptable» por organismos en defensa de los derechos civiles.
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Un reporte oficial realizado por Paul Kennedy, comisionado por la intercepción de comunicaciones, concluyó que las alcaldías del país, la Policía y los servicios de inteligencia británicos interceptan llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y cartas de cientos de miles de personas diariamente.
El documento indicó, además, que aquellos a quienes se espía son sospechados por fraude al Estado, por cobrar subsidios que no les corresponden o por actividades de terrorismo.
El informe, que adelantó ayer el periódico inglés «Daily Telegraph» y que fue debatido en el Parlamento, sostiene que Gran Bretaña corre ahora el peligro de convertirse en un « Estado de vigilancia permanente».
De acuerdo con la investigación, al menos 1.000 personas al día son espiadas por errores administrativos, sin haber cometido violación alguna a la ley.
En ese sentido, David Winnick, miembro laborista del Comité Parlamentario de Asuntos del Interior, pidió al gobierno prevenir abusos de los poderes de vigilancia, implementando nuevas medidas.
«La mayoría de estas operaciones son necesarias y están hechas en buena fe, pero el número de personas espiadas es preocupante, especialmente acerca de si existen las salvaguardias para que la gente esté protegida de una intrusión constante», subrayó el legislador oficialista.
Gran Bretaña es, además, el país que posee más cámaras de seguridad de circuito cerrado (CCTV) por persona en el mundo.
Winnick comparó la situación actual del país con el libro de George Orwell «1984». «Volvernosciegamente una nación al mejor estilo '1984' es algo que nadie en su sano juicio quiere», explicó el diputado.
Por su parte, Michael Parker, del grupo NO2ID que se opone a la introducción de un sistema por cédulas de identidad, afirmó que el gobierno quiere obtener cada vez más información de los británicos. «Estamos viviendo en un Estado vigilado», subrayó.
El reporte informó que en los últimos nueve meses de 2006, se interceptaron 253.557 llamados, correos electrónicos o cartas personales de británicos. En ese período, 122 alcaldías de Inglaterra y Gales buscaron obtener comunicaciones privadas en 1.600 casos.
Las alcaldías están entre otros 600 organismos públicos con el poder de monitorear comunicaciones privadas, incluida la Autoridad de Servicios Financieros, el Servicio de Ambulancias, las dotaciones de bomberos y las autoridades penitenciarias. Sin embargo, en el caso de los servicios de inteligencia, los espías deben pedir permiso, mientras que la Policía requiere autorización de los comisarios de alto rango.
Eric Pickles, el portavoz conservador del conglomerado de alcaldías, declaró que el uso de poderes de vigilancia «es completamente exagerado».
Paul Kennedy, un juez de alto rango con acceso a material de inteligencia secreto, también reportó 1.088 incidentes donde organismos públicos violaron leyes por operaciones de vigilancia.
El reporte cubrió las actividades de interceptado de llamadas durante un período de 264 días, aunque no incluyó los pedidos de espionaje del ministro de Exterior y el del secretario para Irlanda del Norte, ambos que se estiman serían del orden del millar y que siguen bajo secreto.
Kennedy afirmó que tanto el MI5 como el resto de los servicios secretos británicos, el MI6 y el GCHQ, se oponen a cualquier cambio de la actual ley.
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