Quito - La economía de Ecuador parece encarrilada tras años de inestabilidad, pero enfrenta un serio riesgo en el largo plazo si la euforia por una agresiva reforma constitucional y política que recorre el país compromete los fundamentos fiscales y del libre mercado, dicen analistas.
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El país creció un promedio anual de 4,67% entre 2000 y 2006, tras la adopción del dólar como moneda, un esquema cambiario que ha seducido a la población y a los inversores, pero que aún enfrenta pasivos sociales, como una pobreza estructural que afecta a 60% de los ecuatorianos.
El panorama se complementa con una inflación que alcanzó 2,87% el año pasado y que estuvo acompañada por un férreo desempeño fiscal, que se tradujo en la acumulación de un histórico superávit global de 1.363 millones de dólares o 3,3% del PBI, el más alto de los últimos siete años.
Las cosas podrían cambiar si el plan del presidente Rafael Correa, con tres meses en el cargo y un respaldo de 69%, de impulsar una reforma constitucional se traduce en cambios « socialistas» que compliquen el ambiente de negocios de un país golpeado por la caída de tres presidentes desde 1997, señalaron analistas.
El líder nacionalista de 44 años busca que la Asamblea Constituyente sea el mecanismo para desmontar las estructuras «neoliberales», una promesa que genera inquietud entre los agentes económicos. El país deberá elegir ahora a sus 130 miembros, que tendrán la capacidad de modificar el mapa constitucional del país en 2008. Aspectos clave, como el papel del Estado en la economía, entrarán entonces en el debate.
«Si la Asamblea y la consulta le resultan favorables al gobierno, obviamente ese respaldo político va a ser más fuerte y el intervencionismo también. Y eso haría que Ecuador retroceda», dijo (antes del referendo) el analista Mauricio Pozo.
Las resoluciones que adopte la Asamblea con plenos poderes para reformar la Constitución de 1998 y reestructurar las instituciones estatales podrían ser el mayor desafío que enfrente el país desde la adopción del dólar en 2000.
Los seguidores de Correa, que incluyen desde independientes a partidos de extrema izquierda, apoyan la nacionalización del sector petrolero, la supresión de la dolarización, la suspensión del pago de la deuda externa y la eliminación de la definición del país como una economía social de mercado.
El mandatario ha prometido no impulsar una política económica intervencionista, aunque considera que el Estado debe adoptar medidas para rescatar a millones de pobres, más aun cuando el mercado ha sido incapaz de hacerlo.
Estatismo
No obstante, en la práctica ha advertido que desarrollará con empresas estatales proyectos energéticos y ha insistido en normar la propiedad privada de los medios de comunicación o la capacidad de las multinacionales para fijar sus ganancias.
Varios analistas sostienen que tales objetivos son señales para preocuparse, pero el ministro del Interior, Gustavo Larrea, dice que no es así y que, por el contrario, considera que los inversores lanzarán una apuesta fuerte por el país, una vez que se instrumente la reforma.
«No hay doctrina moderna que no plantee la opción por los pobres», dijo Larrea. «No es verdad que los inversionistas no apoyen la asamblea.»
La mayor preocupación gira en torno a la posibilidad de que la Asamblea ordene el fin de la dolarización, un sistema que el presidente ha cuestionado, pero que ha prometido mantener en sus cuatro años de gobierno con un programa de inversiones estatales, que podría superar los 5.000 millones de dólares en el período.
La promesa, sin embargo, es poco creíble más aun cuando Correa ha sido reacio a definir las fuentes con las que financiará su programa económico y no ha sido claro respecto de si apoyará una reforma constitucional para consolidar el dólar como moneda, según dijo el analista Alfredo Arízaga.
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