Para que entre en vigencia a partir del 1 de enero, este gravamen debe ser sancionado al menos tres meses antes. El principal obstáculo es que los gobernadores y alcaldes quieren compartir los 8.000 millones de dólares anuales que genera, una pretensión que es firmemente rechazada por el gobierno nacional. «El gobierno no puede prescindir de esos ingresos», afirmó el poderoso jefe de la Casa Civil, Frente a los reclamos de los gobernadores y alcaldes, que están siendo respaldados por los legisladores de la oposición, Dirceu fue terminante: «No vamos a dar vueltas en este asunto. Si la oposición insiste en eso, no habrá reforma tributaria».
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