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Hasta ahora, las compañías cumplían la función de confrontar los nombres de los pasajeros con una lista de supuestos terroristas elaborada por las autoridades federales.
La medida es rechazada por grupos de defensa de los derechos civiles que denunciaron tratos abusivos. Por otra parte, el control era incompleto porque el gobierno no suministraba los nombres de algunos presuntos terroristas por razones de seguridad.
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