El proceso marcado por la renuncia del presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y su posterior ratificación por parte del Congreso unió a la mayoría de los partidos democráticos y aisló a los grupos indigenistas y piqueteros. Sin embargo, la contracara de ese resultado positivo es una mayor polarización de la sociedad, la que hoy se pondrá de manifiesto más que nunca. Mientras Evo Morales, el extremista Felipe Quispe y otros líderes sociales estrenarán la alianza que sellaron ayer y lanzarán a sus militantes para que corten masivamente rutas y caminos, miles de ciudadanos responderán al llamado del presidente Mesa y se manifestarán en todo el país contra la violencia y los piquetes. El clima es tenso, y los analistas recordaron ayer que miles de manifestantes pidieron «mano dura» al presidente la misma noche de su triunfo político. La polémica por el destino de los recursos gasíferos y petroleros bolivianos es, entre otros puntos, el eje de las mayores polémicas, pero en el fondo lo que está en juego es la estabilidad de un gobierno constitucional frente a una oposición que toma ribetes cada vez más insurreccionales.
El convenio fue alcanzado en la sede de la histórica Central Obrera Boliviana (COB), que ayer recuperó protagonismo después de mucho tiempo a causa del acercamiento de su dirigente,
Por su parte, Solares, que hasta ayer había mantenido distancias con Morales, a quien acusaba de ser aliado de Mesa, remarcó que el objetivo es pedir que se cambien los contratos con las multinacionales para que paguen una regalía de 50%. La regalía, un pago fijo por explotar recursos naturales, es ahora de 18% para los contratos de las multinacionales.
El gobierno propone sumar a esta regalía un nuevo impuesto de hasta 32% discriminando el tamaño de los campos, pero la oposición pide una subida directa a 50% para todas.
Para Morales, el reencuentro de los líderes es «histórico» porque «a partir de este momento las movilizaciones van a continuar» hasta que el Congreso apruebe la ley de hidrocarburos.
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