La iniciativa, presentada por el diputado Oscar Liberman, busca regular el transporte por plataformas digitales bajo la figura de “actividad privada”. El texto prohíbe explícitamente que los municipios impongan cupos, tarifas o tasas adicionales a los conductores.
El objetivo central de la propuesta es garantizar la “libertad contractual” entre conductores y usuarios, eliminando la actual dispersión de regulaciones locales.
La Legislatura bonaerense comenzó a debatir un proyecto de ley de alto impacto para el transporte en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman, propone un marco regulatorio unificado para el transporte privado intermediado por plataformas digitales —como Uber, Cabify o Didi— en todo el territorio provincial.
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El objetivo central de la propuesta es garantizar la “libertad contractual” entre conductores y usuarios, eliminando la actual dispersión de regulaciones locales. Según el texto presentado, se busca evitar que la actividad sufra una sobrecarga tributaria o trabas burocráticas que impidan su normal desarrollo en los 135 municipios bonaerenses.
Una de las definiciones más relevantes del proyecto es la categorización legal de la actividad. El texto establece que el transporte por plataformas será considerado una “actividad privada de interés público” y no un servicio público.
Esta distinción técnica tiene consecuencias directas:
Sin licencias estatales: Al no ser un servicio público, no requerirá de concesiones, licencias de taxi o permisos especiales del Estado.
Marco Legal: La relación entre las partes se regirá exclusivamente por el contrato de transporte previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Registro Declarativo: Se crea un Registro Provincial de Plataformas Digitales, pero con carácter declarativo y gratuito, sin que el mismo funcione como una habilitación previa para trabajar.
El proyecto de Liberman es tajante respecto a la intervención de los municipios. La iniciativa autoriza la circulación entre distritos y prohíbe expresamente que los gobiernos locales impongan:
Tarifas: Los precios serán fijados por la oferta y la demanda de la plataforma.
Cupos: No se podrá limitar la cantidad de vehículos o conductores por zona.
Tasas municipales: Se dispone que no podrán aplicarse contribuciones locales específicas sobre este tipo de transporte.
En cuanto a los controles, el Estado limitará su intervención únicamente a la seguridad vehicular y documental ya vigente: licencia de conducir, seguro obligatorio, Verificación Técnica Vehicular (VTV) e identificación del chofer. El proyecto aclara que no se podrán exigir requisitos adicionales que sean propios de servicios públicos, como los que actualmente rigen para el sistema de taxis.
De aprobarse esta ley, toda normativa municipal previa que contradiga los principios de libertad de mercado y circulación deberá adecuarse a los estándares provinciales. Esto pondría fin a los conflictos legales y operativos que existen en distritos donde los intendentes han intentado bloquear el desembarco de estas aplicaciones a través de ordenanzas locales o multas.
El avance de esta discusión en la Legislatura promete reabrir el debate con los gremios de taxistas y remiseros, quienes históricamente han reclamado igualdad de condiciones frente a las plataformas digitales. Sin embargo, para Liberman, la prioridad es modernizar el sistema y dotar de seguridad jurídica a una actividad que ya utilizan millones de bonaerenses diariamente.
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