Vicentin: reactivación en marcha, pero los interventores advierten sobre una crisis estructural

ACA, Bunge, Viterra y Commodities evalúan retomar fasones en la planta más grande de la agroexportadora. Los interventores judiciales presentaron un informe alarmante.

Vicentin atraviesa días decisivos a partir de la intervención judicial.

Vicentin atraviesa días decisivos. Esta semana se completó finalmente el pago total de los salarios correspondientes a marzo, tras la transferencia del 20% restante. Pero el panorama de abril es más incierto: la posibilidad de abonar los sueldos depende de que se concreten nuevos contratos de procesamiento a fasón, especialmente para reactivar la planta de San Lorenzo, la más importante del grupo.

En ese marco, ACA, Bunge, Viterra y Commodities manifestaron en una audiencia realizada en Rosario su disposición a enviar materia prima. Ahora el Ministerio de Trabajo de Santa Fe les pidió presentar sus propuestas por escrito ante los interventores judiciales, con el objetivo de avanzar en una mesa de trabajo este viernes. La intención oficial es que las partes acuerden un esquema conjunto que permita garantizar ingresos operativos y sostener el empleo.

Señales de reactivación

Las plantas de Ricardone y Avellaneda vienen operando de manera intermitente, gracias a acuerdos con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias. Pero el foco está puesto en San Lorenzo, cuya reactivación -según fuentes oficiales- sería clave para sostener los próximos pagos salariales. Sin embargo, el predio está paralizado desde enero y requiere una inversión estimada en u$s1,4 millones solo en tareas de mantenimiento, lo que impide una puesta en marcha inmediata.

Además de los históricos socios estratégicos, Commodities formalizó una propuesta concreta, mientras que también hubo contactos preliminares con Amaggi y Molinos Cañuelas. No obstante, el reinicio efectivo de la molienda dependerá de que esas intenciones se materialicen en contratos firmes.

Informe crítico de los interventores

En paralelo, los interventores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg presentaron un informe de más de 80 páginas en el que trazan un panorama delicado y proponen una batería de medidas para contener la crisis. El documento -elevado al Juzgado Civil y Comercial de Reconquista- detalla que la deuda posconcursal ya asciende a u$s30,5 millones, incluyendo salarios, servicios públicos, compromisos fiscales y pagos pendientes con la firma Renova.

Los interventores proponen cerrar filiales como Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, que se mantienen inactivas pero generan gastos y aún conservan fondos en el exterior que podrían ser repatriados. También plantean reordenar la planta de personal, luego de detectar que varios trabajadores sin tareas asignadas, incluyendo familiares de exdirectivos y accionistas, siguen cobrando salarios. En algunos casos, incluso se documentó que empleados registrados en Vicentin prestaban servicios en otras compañías del grupo.

Además, se suspendieron acuerdos de desvinculación firmados por el anterior directorio, cuyos principales integrantes están imputados por administración fraudulenta y asociación ilícita. La intervención señaló que no se pueden convalidar decisiones “que podrían haber afectado el patrimonio de la empresa” y comenzó a enviar notificaciones al personal en edad jubilatoria para que inicie sus trámites previsionales.

El diagnóstico económico es alarmante: en marzo la empresa registró una pérdida operativa de u$s4,57 millones, y el capital de trabajo es negativo en u$s32 millones. Las deudas con terceros superan los $6.700 millones, y hay más de $8.000 millones impagos entre compañías relacionadas del mismo grupo, muchas de las cuales ni siquiera fueron intimadas a pagar. Los interventores pidieron autorización al juez para revisar todas las participaciones societarias, evitar conflictos de interés y convocar a una nueva asamblea de accionistas, para definir si habrá aportes de capital o se autorizarán ventas de activos.

“El escenario es extremadamente complejo. Se ha perdido un tiempo precioso. Lo que era difícil en 2021, hoy lo es aún más”, señalaron. También reclamaron multas diarias (astreintes) al exdirectorio por no entregar documentación clave, especialmente sobre contrataciones de servicios externos.