El universo normativo que regula las diversas cuestiones tributarias, es amplio. Al cual se le deben agregar aquellas que, sin ser estrictamente tributarias, se encuentran vinculadas a la relación fisco-contribuyente.
La adecuación normativa rige desde el 1/7/25.
Mediante la RG 4.991 se unificó el procedimiento de solicitud de inscripción y/o modificación de datos para las sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas y sujetos indicados en inc. b) y c) del art. 5° de la Ley 11.683.
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Por su parte la RG 5.048 estableció el procedimiento de registración, autenticación y autorización de usuarios denominado “Clave Fiscal”, a fin de habilitar a las personas humanas a interactuar -en nombre propio y/o en representación de terceros con los servicios informáticos disponibles.
A partir del 11 de junio de 2025, a través de la Resolución General 5.709 (BO 11/6/25) ARCA reformuló la tramitación a fin de simplificarla. Así, para los consorcios de propiedad horizontal, se dispone la posibilidad de que un funcionario competente de la dependencia en la que se formalice la presentación de la inscripción proceda a su certificación conforme a lo establecido en los artículos 3° y 7° de las respectivas resoluciones generales antes citadas.
La Disposición 1948/21 (AFIP) instrumentó el procedimiento para la ejecución judicial de las obligaciones fiscales, contemplando, entre otros aspectos, las pautas para la traba de medidas cautelares en el marco de los respectivos juicios de ejecución fiscal.
Con relación a ello, ARCA consideró conveniente adecuar el plazo oportunamente estipulado para la traba de medidas cautelares, a cuyos efectos emitió la Disposición 120/25 (BO 11/6/25) modificando la anteriormente mencionada.
Al respecto estableció que:
A través de la Resolución General 5.711 (BO 12/6/25) la administración tributaria nacional implementó un nuevo plan especial de facilidades de pago con el fin de permitir la regularización de obligaciones fiscales y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de abril de 2025, inclusive.
Pueden adherir las personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2), entidades sin fines de lucro, empresas del sector salud, y el resto de contribuyentes, por deudas impositivas y de la seguridad social, de monotributo, retenciones y percepciones impositivas y obligaciones aduaneras por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como sus intereses.
Un pormenorizado análisis del nuevo régimen se brinda en esta edición a través del artículo “Nuevo régimen de facilidades de pago para deudas impositivas, aduanera y de la seguridad social”
En septiembre de 2006, la ex-AFIP, dictó la Resolución General 2.126 y dispuso un régimen de percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los sujetos que no acrediten su calidad de responsables inscriptos, exentos o no alcanzados con relación a al impuesto, o su condición de monotributistas.
Sin embargo, el régimen no es aplicable cuando los adquirentes, locatarios o prestatarios declaren expresamente su condición de consumidor final a través de la aceptación del comprobante o factura emitida en tal sentido, todo ello condicionado a que el vendedor, locador o prestador no pudiera razonablemente presumir que no se trata de un consumidor final.
A los efectos de definir esa circunstancia y en línea con otras medidas tomadas por el organismo, ARCA, a través de la Resolución General 5710 (BO 10/6/25) incorporó a su par 2126, que el adquirente, locatario o prestatario resulta consumidor final cuando el monto total de la operación perfeccionada no supere los $ 10.000.000.-o exclusivamente, para el caso de que el vendedor, locador o prestador haya declarado como actividad económica:
La adecuación normativa rige desde el 1/7/25.
RHF
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