Cuando Ingresos Brutos entra en la decisión de dónde producir

La reorganización industrial de una empresa y la concentración de dos líneas productivas en una provincia vuelven visible una distorsión del impuesto poco analizada: las diferencias tributarias provinciales pueden influir sobre la localización de inversiones y producción.

Ingresos Brutos integra la ecuación con la que las empresas deciden dónde localizar procesos productivos.

Una reciente decisión empresaria permite observar Ingresos Brutos desde un ángulo distinto. No sólo como un impuesto que encarece productos o genera efecto cascada, sino como una variable capaz de intervenir en la geografía de la producción.

Longvie comunicó que concentrará en su planta de Catamarca la fabricación de calefones y anafes. Los primeros se producían en Paraná y los segundos en Villa Martelli. La reorganización dejará a la planta bonaerense especializada en cocinas y hornos y a Paraná en termotanques y calefactores.

La compañía explicó que la decisión busca ganar escala, reducir costos fijos y unitarios y aprovechar mejor su capacidad instalada.

Casi simultáneamente, Catamarca profundizó tratamientos promocionales de Ingresos Brutos para actividades industriales.

Sería exagerado concluir que Longvie trasladó producción exclusivamente por IIBB. Una decisión de localización industrial responde a múltiples variables: logística, escala, capacidad instalada, inversiones previas, mercado, competencia y disponibilidad de recursos.

Pero el episodio es útil porque muestra que la tributación provincial ya forma parte de ese conjunto de factores.

Un impuesto que no es neutral

Ingresos Brutos grava facturación y no rentabilidad. Una empresa puede operar con márgenes muy reducidos, o incluso con pérdidas, y seguir generando impuesto.

A esto se suma su característica más distorsiva: a diferencia del IVA, el gravamen soportado en una etapa no genera un crédito fiscal general contra el impuesto de la siguiente.

El impuesto se incorpora al costo. Proveedor, fabricante, transportista, distribuidor y comercio pueden tributar sucesivamente. Ese mecanismo produce el denominado efecto cascada.

Por eso la alícuota nominal no necesariamente refleja la carga real contenida en el producto.

Pero existe otra consecuencia menos visible. Argentina tiene 24 jurisdicciones fiscales subnacionales. Una misma actividad puede recibir tratamientos muy diferentes según la provincia en la que se realice.

Puede estar exenta en una, gravada a una tasa reducida en otra y soportar una alícuota sensiblemente mayor en una tercera.

Cuando estas diferencias son relevantes, el impuesto deja de ser solamente una fuente de recaudación. Puede convertirse en una variable de localización.

Cuando la geografía tributaria importa

Una empresa debería decidir dónde producir principalmente por productividad, cercanía a mercados, infraestructura, disponibilidad de proveedores, costos logísticos y capital humano.

Pero si la carga tributaria cambia de manera significativa al cruzar un límite provincial, aparece un incentivo adicional.

Desde la lógica empresaria, incorporar ese dato a la decisión es perfectamente racional.

Desde el punto de vista del sistema económico, sin embargo, la pregunta es otra: ¿resulta eficiente que la localización de una actividad esté parcialmente determinada por diferencias en un impuesto sobre ventas brutas?

El caso Longvie vuelve concreta esa discusión.

Catamarca puede utilizar legítimamente beneficios fiscales para atraer o preservar actividad industrial.

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o cualquier otra provincia pueden definir políticas diferentes.

Eso forma parte del federalismo.

El problema aparece cuando las jurisdicciones compiten sobre la base de un impuesto estructuralmente acumulativo.

En ese contexto, la competencia tributaria puede dejar de premiar solamente a la provincia más eficiente y pasar a premiar también a aquella que mejor logra neutralizar una distorsión.

Una discusión que excede a una empresa

Ingresos Brutos representa una parte central de la recaudación tributaria propia provincial. Por eso no puede simplemente eliminarse sin discutir su reemplazo.

Una reforma seria exige coordinar tres dimensiones: diseño tributario, gasto público y federalismo fiscal.

En el corto plazo, las provincias pueden reducir la carga sobre producción e industria, evitar saldos a favor permanentes y moderar el efecto cascada.

Pero a largo plazo la discusión debería avanzar hacia un esquema más neutral, basado en valor agregado o consumo final.

Ese debate podría incluir alguna modalidad de IVA subnacional coordinado con el IVA nacional, o un impuesto provincial sobre ventas finales.

La elección del instrumento es discutible.

Lo que resulta mucho más difícil de defender es la permanencia indefinida de un impuesto cuya carga aumenta a medida que una economía se especializa y multiplica etapas productivas.

Una señal para la reforma

El caso Longvie no demuestra que un impuesto determine por sí solo dónde se instala una fábrica.

Sí demuestra algo más relevante: la tributación provincial integra concretamente la ecuación con la que las empresas deciden dónde localizar procesos productivos.

Y ese dato debería ampliar el debate sobre Ingresos Brutos.

La competencia entre provincias sería más virtuosa si se desarrollara alrededor de infraestructura, educación, capital humano, eficiencia estatal y calidad de servicios públicos.

No sobre cuál jurisdicción consigue neutralizar mejor un impuesto distorsivo.

Una reforma federal debería buscar precisamente eso: que el mapa productivo argentino sea consecuencia de la eficiencia económica y no de la geografía tributaria.

Contador público. Tributarista. Estudio Tristán y Asoc.