El gobierno ha formulado una grave acusación contralos bancos, que habrían urdido un acuerdo para aumentar los intereses y quebrar a las empresas. Por ello, les ha solicitado que informen cuántos bonos argentinos compraron y vendieron, quién tomó la decisión y quién fue el economista que los asesoró. Puro chisme y más pérdida de tiempo: en un sistema altamente regulado, donde los encajes (los requisitos de liquidez que los bancos deben mantener sobre los depósitos) son los mismos para el banco de la plaza o el mejor banco del mundo, la tasa de interés no puede ser «cartelizada».
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La tasa en cualquier sistema está referenciada a los intereses que el gobierno (suponiendo que es un sujeto de crédito que no hace trampa y que no puede quebrar) está dispuesto a pagar. Luego, los bancos cuentan con topes de inversión en diversos tipos de activos que los reguladores pretenden limitar, aunque finalmente, es la evaluación final del riesgo quien tiene la última palabra. Esa tasa de interés es el «acimut» de la economía y determina el tipo de cambio de cada moneda, en un mercado perfecto y sin controles o barreras de entrada o salida de capitales. Cuando un bono del gobierno baja de precio (disminuye su paridad) el flujo de fondos que representa contiene una tasa de interés mayor e incrementa la tasa del sistema en el «primer riesgo» o «prime», y deriva en el resto. Kirchner y Lavagna nunca entendieron que los operadores de los bancos no compraban bonos argentinos porque se dedicaban a estudiar el prospecto de emisión, sino porque Moody's, fundada hace cien años, le había otorgado una calificación de riesgo aceptable.
Además los mercados, en su operatoria, producen asimetrías que pueden ser corregidas por quienes arbitran. Los bancos de inversión en Nueva York tienen estructuras de investigación enormes para buscarlas en los mercados de capital. Uno de los negocios diarios en Wall Street es el de consolidar Treasury Bonds, separando o juntando el capital con los intereses, lo cual origina los «cupón cero». Se denomina STRIPS por sus siglas en inglés (separated trade for interest and principal securities) y, por la variación de tasas de interés, a veces permite arbitrarlas y tomar una ganancia legítima, donde la propia tesorería federal actúa como agente del canje.
La otra regla de arbitraje en los mercados es la ley del precio único: mismo riesgo, a un plazo similar, mismo precio. Ello se conoce en los mercados como arbitraje «off the run-on the run», habitual sobre bonos con vencimientos diferentes, y a menudo sucede entre bonos «largos y cortos» donde se compara la tasa de interés actual que incide sobre los bonos «cortos» con la inflación esperada que incide sobre los «largos».
La cuestión es si una economía cerrada como la argentina juega en ese partido. La respuesta es sí, porque un sistema bancario de encaje fraccionario y con políticas monetarias activa del Banco Central, produce sincrónicamente un interés para los depositantes similar, con encajes mínimos similares y finalmente, tasas de interés para préstamos también similares. Un típico caso de sincronización por causalidad. La política monetaria está basada, precisamente, en la esperanza de la uniformidad de las conductas. Si arbitrariamente cada banco reaccionara en forma diferente, ante un aumento de la tasa de pases del BCRA, por ejemplo, habría que replantear todo lo que se ha aprendido acerca de la política monetaria.
Además, cada vez que la Argentina necesita fondos externos y no los puede buscar en los mercados de capital por la vigencia de embargos derivado de la deuda impaga, acude a un curioso procedimiento: en lugar de convocar a los bancos de inversión, lo designa a Chávez como «agente de colocación», pactando una tasa de unos 400 puntos básicos. El Banco de Venezuela recibe los bonos, y los vende a bancos radicados en Caracas a la paridad oficial de 2.200 bolívares por dólar contra los casi 5 mil que cuesta un dólar en el mercado libre, y usa los bonos argentinos para absorber bolívares. Los bancos extranjeros remiten las utilidades en bonos a la casa matriz, que los mantienen en cartera o los colocan en Nueva York a bancos argentinos, que arbitran tasas de interés y riesgos.
Como la cantidad de fondos que están dispuestos a arriesgar en activos argentinos es constante, al comprar nuevas emisiones venden bonos « cortos» lo cual baja la paridad e incrementa la tasa de interés del sistema: el banco ha perdido algunos intereses, pero gana una enorme brecha cambiaria al salir de sus bolívares por el mercado oficial, que convierte a la pérdida por intereses en irrelevante. En resumen, la vieja ley de la oferta y la demanda buscando igualarse a un mismo precio.
Pero para el gobierno, es una conspiración. Algunos funcionarios parecen no comprender algo tan simple y tan antiguo en nuestra economía. La democracia es un sistema de aprendizaje, no de gerenciamiento. Pero no deberían esperar a ser funcionarios para ir a la escuela. El cuestionario enviado será el hazmerreír de los bancos del exterior: es como si se buscara vincular la suba de los tomates con las hipotecas subprime. El Banco Central tiene economistas que deberían entenderlo, y si existieran negocios ilegales, debería ser él quien instruyera un sumario, lo cual no se ha producido.
Desde la Edad de Piedra, la humanidad se debate entre el conocimiento científico y las creencias arraigadas: antes de Tales de Mileto se construían pirámides y monumentos, que junto con los sacrificios humanos se dedicaban a los dioses para que ellos influyeran en las lluvias o en la peste, hasta que Tales demostró la inexistencia de la causalidad entre los sacrificios humanos y el clima. Es importante que los funcionarios aprendan la diferencia entre causalidad y correlación. Las mismas causas inducen una conducta similar en los bancos, sin necesidad de ningún acuerdo. Pero parecen seguir a Confucio: «Un poco de ciencia es arma peligrosa, mejor sería, ninguna ciencia».
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