Impuesto PaIs: cómo pega a empresas del transporte

Opiniones

El lunes 23 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde ese mismo día, la Ley 27.541 también denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”. En su Capítulo 6 establece por el término de 5 períodos fiscales, el Impuesto País (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria), aplicable, entre otras, a las operaciones de “adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, en la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación” (artículo 35, inciso e). La alícuota fue fijada en el 30% del “precio, neto de impuestos y tasas” de celebración de cada operación (artículo 39, inciso b).

Como es sabido, el texto del citado inciso e) del artículo 35 fue modificado en su redacción original enviada por el Ejecutivo a fin de excluir de los alcances del impuesto a las operaciones concretadas en el país con destino al exterior pero que no implicaran salida de divisas. El texto inicial sólo preveía la “adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país”, sin excepciones de ninguna naturaleza. En otros términos, se excluyeron de la aplicación del Impuesto País a los servicios de transporte contratados en el país y para cuyo pago no sea necesario recurrirse al mercado de cambios.

Y no puede negarse que esta solución es lógica y consistente con la finalidad de la ley, más vinculada con la voluntad política de fijar tipos de cambio diferenciados según el destino de las divisas que se adquieran, que con limitar mediante el gravamen en cuestión ciertas actividades comerciales.

También queda claro que así se adecua la aplicabilidad del impuesto a los otros supuestos de la norma, ya que en todos los demás lo que se tiene en cuenta es justamente el recurso al mercado de cambio por parte de los distintos sujetos alcanzados.

Se ha dicho en diversos medios que tal como quedó redactada la ley, la forma de aplicación del Impuesto País importa una ventaja a favor de Aerolíneas Argentinas (y de las demás aerolíneas nacionales) en desmedro de las líneas aéreas extranjeras, que puede dar lugar a responsabilidad estatal en el caso de eventuales planteos judiciales tanto en el país como en el extranjero. Incluso se menciona el caso de la pesificación de las tasas aeroportuarias en 2001/2002.

Sin embargo, y aunque planteos en tal sentido no pueden descartarse, debe tenerse en cuenta que el artículo 36 de la ley establece que “serán pasibles del impuesto que se aprueba por la presente ley, los sujetos residentes en el país -personas humanas o jurídicas, sucesiones indivisas y demás responsables- que realicen alguna de las operaciones citadas” en el citado el artículo 35, y que, de acuerdo al artículo 37, “el pago del impuesto estará a cargo del adquirente, locatario o prestatario pero deberán actuar en carácter de agentes de percepción y liquidación del mismo”, en el caso que nos ocupa, “las empresas de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática que efectúen el cobro de los mismos” (inciso d).

Y también hay que destacar que el artículo 16 de la reglamentación aprobada por Decreto 99/19 declara comprendidas en la disposición en cuestión, las adquisiciones de servicios de transporte “cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los inciso b) y c) de ese artículo [35], en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes”.

De este modo, es claro, por un lado, que lo que grava el Impuesto País es la adquisición de divisas extranjeras por parte de los usuarios que contraten los servicios de transporte comprendidos en la norma, siendo indiferente si dicha adquisición se produce en forma directa (porque es el propio usuario el que adquiere las divisas) o indirecta (porque es la empresa de transporte la que lo hace por su cuenta y orden para el pago al exterior). Y, por otro, que las empresas de transporte son meros agentes de percepción y retención, sin ninguna relación con el hecho imponible del impuesto. Las empresas de transporte no son los sujetos gravados.

El Impuesto País no vino a “pesificar” lo que antes estaba valuado en dólares (o en cualquier otra moneda extranjera). Tampoco fija diferentes tipos de cambio para un mismo bien o servicio. Lo que hace es gravar con una alícuota del 30% la adquisición de divisas por parte de los usuarios, por lo que es lógico que cuando el servicio de transporte puede contratarse y pagarse sin necesidad de recurrir al mercado de cambios, no se aplique el impuesto por no verificarse el hecho imponible requerido por la ley.

Dicho de otro modo: no es que los usuarios acceden a diversos tipos de cambio según adquieran los servicios de transporte por uno u otro medio. Antes bien, lo que se distingue es a aquellos usuarios que necesiten acceder al mercado de cambios para la adquisición de los servicios de transporte, de quienes, por la razón que fuera, no requieran de dicho acceso. Además, cabe señalar que esta distinción, en cuanto no involucra a las empresa transportistas sino a los usuarios, tampoco se vincula con la diferente nacionalidad de quienes prestan los respectivos servicios. Recuérdese, en este sentido, que igualdad no implica igualitarismo, por lo que es perfectamente válido distinguir situaciones disímiles, y frente a la escasez de divisas extranjeras, no puede negarse el sentido de distinguir a quienes las poseen de quienes no.

Y en este esquema, el Impuesto País tampoco sería de aplicación cuando el usuario abone los servicios que contrate directamente en dólares estadounidenses que haya poseído con anterioridad o abone en dicha moneda el resumen de tarjeta de crédito cuando opte por tal modalidad. Tanto en uno como en otro caso no se producirá la condición requerida por la legislación: el cambio o adquisición de divisas.

- Abogado especialista en derecho público. Actualmente gerente de Asuntos Legales de AUBASA. Exsubsecretario de Industria de la Nación. Fue asesor del ENACOM y de CEAMSE

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario