Un juez federal ha dispuesto ayer la declaración indagatoria de los responsables de los bancos Santander, Citibank, Bank Boston, Scotiabank Quilmes, Sudameris, HSBC, BBVA Banco Francés y -ya que estamos- del Banco Galicia en base a una denuncia del depositante Carlos Frattini en 2002, por la presunta promoción maliciosa que habrían efectuado para captar depósitos en dólares. Según su teoría, habrían anunciado que sus entidades contaban con el respaldo de las casas matrices engañando a los depositantes.
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Cuando Rudolf von Jhering escribió a fines del siglo XIX su memorable obra «Jurisprudencia en broma y en serio» criticaba no sólo al sistema jurídico alemán sino a la profunda intervención estatal en la economía, dirigida por burócratas que deformaban los principios del derecho hasta entronarlos en el ridículo limbo de lo abstracto. Zbigniew Brzezinski decía que, en la Unión Soviética, la Justicia funciona y hasta parece normal, salvo en aquellos casos que involucran al Estado soviético.
Este es precisamente un caso que involucra al Estado argentino -que tiende a asimilarse al otrora Estado soviético- donde por alguna razón que se desconoce -a lo mejor, por la sonoridad de la medida dispuesta- trata de buscar un desvío de la atención pública, que no debería mirar la crisis energética u otras cosas resonantes.
Cualquier entidad internacional cuenta con dos «niveles» de compromiso, que son simétricos con el crédito que el mundo les otorga. Un compromiso legal, que atañe a los accionistas, y un compromiso ético (dicho en otros términos, un compromiso de credibilidad) que está a la vista de todo el mundo.
A ninguno de los bancos internacionales se le ocurriría no devolver los depósitos en cualquiera de sus sucursales en el mundo, simplemente porque a los pocos minutos perdería el crédito del resto de las entidades y sus acciones se derrumbarían en los mercados mundiales, con una pérdida de miles de millones.
Pero cuando un gobierno se apropia de los dólares de los ahorristas mediante el simple recurso de una lapicera, bajo la amenaza de meter preso a cualquiera que no obedezca las normas del Banco Central, «exponiendo el derecho de propiedad a la demagogia de los populistas sin propiedad ni responsabilidades» (según el Justice John Marshall hace 200 años) la reacción de la casa matriz -después de las risas del directorio- es similar a la respuesta de una amenaza de Idi Amin de arrojar una bomba nuclear: como nadie hubiera creído que tuviera una bomba nuclear, el problema no es la amenaza, sino cómo rescatar a los funcionarios de la casa matriz dentro de Uganda, antes que los cocinen en una hoguera.
Esta ha sido en gran parte la actitud de las casas matrices. Ya sea de los franceses del Crédit Agricole, que llamaron al Banco Central desde el aeropuerto para desearle la mejor de las suertes, como de un banco canadiense: a ninguno se le habría ocurrido traer más dólares que los apropiados por el Banco Central, para recibir más bonos argentinos de los que ya les había prometido entregar, para cancelar sus depósitos en dólares: no debe olvidar el juez que los dólares no se los llevó el banco, sino el Central, que los canjeó por pesos a la mitad del valor de mercado.
No es bueno para el sistema judicial argentino convalidar semejante acto de oscurantismo intelectual y de autoritarismo político. Charles E. Hughes señalaba en «Perry v. United States», que «decir que el Congreso puede retirar o ignorar lo que se compromete, es asumir que la Constitución contempla una vana promesa (la de tomar prestado dinero sobre el crédito de los Estados Unidos), una promesa que no tiene otra sanción que la voluntad y conveniencia del promitente. Esta Corte no ha dado [al Poder Ejecutivo] aprobación a semejante concepción de las obligaciones de nuestro gobierno». Pero suponer que el Banco Galicia tiene su casa matriz en España y por ello llamar a indagatoria a sus directores puede ser el hazmerreír del mundo.
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