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Así lo ha sostenido -incluso- enfáticamente el presidente Kirchner en su mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2003 al proclamar: «Entre los fundamentos e insustituibles roles del Estado ubicamos los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del delito para lograr seguridad ciudadana y justicia en una sociedad democrática en las que se respeten los derechos humanos».
Algunos de estos grupos deciden -por su sola voluntad y por vías de hecho- quién puede trabajar y quién no; quién puede circular libremente y quién no; quiénes deben pagar las tasas retributivas de servicios o los cánones por el uso de servicios públicos privatizados y quiénes no; quiénes deben ser privados de su bienes y qué bienes deben ser destruidos y, por otra parte, qué bienes no deben ser tocados o qué personas no deben ser molestadas; quiénes pueden continuar comiendo en un local público y quiénes deben dejar de comer para entregarles a ellos el alimento que están consumiendo; quiénes deben suministrar «donaciones» o «contribuciones» por ellos impuestas o exigidas y quiénes no; quiénes deben pagar pasaje para viajar y quiénes deben viajar gratis; quiénes pueden darles órdenes y quiénes no; a quiénes de ellos se puede detener o someter a juicio y a quiénes no; entre tantos otros temas a los que no escapa la reserva de tener también el monopolio de determinar quién es «bueno» y quién es «malo», en una suerte de consagración de ángeles y demonios. Adicionalmente, también ellos deciden -arbitrariamente y de acuerdo con su sola voluntad- el modo, tiempo y oportunidad en que ejecutan sus decisiones y cómo debe condicionarse a su voluntad la vida de los demás ciudadanos en los aspectos mencionados; algunas veces, «con aviso»; y otras, «sin aviso».
Respecto de sus determinaciones, no hay recursos ni amparos posibles, pues se los debe obedecer ciegamente y de inmediato; de lo contrario, en ejercicio de la fuerza monopólica que ostentan, el desobediente que intente resistir será castigado, golpeado ejemplarmente; y sus bienes, destruidos a la vista de todos los medios de comunicación; para que no queden dudas de quiénes son los que mandan. Todo ello, en nombre de la democracia y de la libertad, respecto de la cual pretenden también un monopolio de representación.
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