La informalidad juvenil no es una falla del mercado, es el mercado funcionando exactamente como le conviene en ausencia de reglas que lo obliguen a comportarse de otra manera.
Una búsqueda laboral en Tierra del Fuego provocó una cuadra de fila.
Epicteto llegó a Roma encadenado. Fue esclavo durante años antes de que su amo lo liberara y pudiera dedicarse a la filosofía. Lo que aprendió de esa experiencia quedó resumido en una frase que sus repitieron durante siglos: el primer paso hacia la libertad es reconocer lo que no está en nuestro poder.
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En Argentina, millones de jóvenes aprenden ese principio desde el primer día que trabajan. Lo que no está en su poder es simple, una relación de dependencia sana, legitima con un recibo de sueldo, una obra social y aportes para su jubilación.
Seis de cada diez jóvenes argentinos de entre 18 y 29 años trabajan en la informalidad. Esto no es un dato marginal ni un problema de minorías.
Es la experiencia laboral mayoritaria de una generación entera que debería estar construyendo su futuro y en cambio está construyendo el de otros sin figurar en ningún registro. Sin aportes jubilatorios. Sin protección ante eventualidades, Sin licencias pagas. Sin cobertura médica. Sin la posibilidad de alquilar un departamento con recibo de sueldo, pedir un crédito o simplemente saber que el miércoles que viene todavía tienen trabajo.
Los sectores que concentran esa informalidad no son un accidente. Son una elección del mercado. Gastronomía, comercio minorista, plataformas digitales de delivery y transporte. Exactamente los rubros que crecieron en los últimos cinco años, exactamente los que ocupan a más jóvenes, exactamente los que pagan menos y registran menos. El mozo que trabaja doce horas el fin de semana. La repositora que cobra por semana sin aportes. El repartidor que cede su tiempo, su moto y su cuerpo a un algoritmo que no tiene CUIL. Todos ellos sostienen una economía informal que nadie mide bien y nadie corrige en serio.
Lo que los especialistas advierten hace años, y que los datos del INDEC y la OIT confirman para 2025 y 2026, es que la informalidad al inicio de la vida laboral no es un bache temporario, es como una trampa con techo. Quien empieza informal termina ganando menos incluso cuando consigue trabajo registrado. La trayectoria laboral queda marcada desde el primer empleo. La informalidad no es una puerta de entrada al mercado laboral formal, es un pasillo paralelo que rara vez conecta con él. La OECD documenta para Argentina que la tasa de informalidad entre jóvenes de 16 a 24 años trepó al 63% en el primer trimestre de 2025, veintiun puntos por encima del promedio general.
Argentina no es la única que tiene este problema, pero sí es una de las pocas que no tiene política sistemática para atacarlo. La Unión Europea lleva más de una década implementando la Garantía Juvenil de Empleo, un mecanismo por el cual cada Estado miembro se compromete a ofrecer a los menores de 30 años, en un plazo máximo de cuatro meses desde que quedan desempleados o egresan del sistema educativo, una oferta concreta de trabajo, formación o aprendizaje de calidad.
El resultado está medido: entre 2014 y 2024 la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Unión Europea cayó 4,7 puntos porcentuales y alcanzó el 11,7%, el nivel más bajo desde que se lanzó el programa. Alemania tiene además incentivos fiscales específicos para empresas que contraten jóvenes sin experiencia previa registrada. España tiene una hoja de ruta hasta 2027 financiada con el Fondo Social Europeo exclusivamente para integración laboral juvenil formal.
En América Latina también se mueve algo. Chile avanzó con su Ley de Primer Empleo, que establece subsidios a las cotizaciones previsionales para trabajadores jóvenes y obliga a las empresas beneficiadas a mantener el registro. Brasil discute en su Congreso una reforma específica para el empleo joven que combina capacitación técnica con contratos de formación con cobertura social plena.
En ambos países la discusión laboral incluye a los jóvenes como sujeto central de política pública. En Argentina, la discusión laboral de 2026 no los mencionó una sola vez.
Porque Argentina aprobó en febrero de 2026 una reforma laboral que habilita jornadas de doce horas, reemplaza las horas extras por banco de horas y reduce indemnizaciones. No dice nada sobre los jóvenes, jóvenes que votaron un outsider, que programa a los 2.5 millones de repartidores de productos alimenticios del país por fuera de la ley de contrato de trabajo. Prácticamente, arréglense solos.
No contempla ningún mecanismo de inserción laboral formal para quienes empiezan. No crea ningún incentivo para que una pyme registre a su primer empleado de veinte años en lugar de contratarlo de palabra. La reforma más discutida del mercado laboral argentino en décadas pasó por encima del problema estructural más urgente de una generación.
El derecho del trabajo existe para compensar la asimetría entre quien tiene el capital y quien tiene solo su fuerza. Empleador y dependientes. Esa asimetría es siempre mayor cuando el dependiente es joven, cuando no tiene experiencia para comparar ni historia para negociar, cuando necesita el ingreso y acepta las condiciones que le pongan. La informalidad juvenil no es una falla del mercado, es el mercado funcionando exactamente como le conviene en ausencia de reglas que lo obliguen a comportarse de otra manera.
El trabajo da más que dinero. Da identidad, estructura, pertenencia, proyección, dignifica. Epicteto lo sabía mejor que nadie; incluso en la condición más adversa, la dignidad no se cede. Pero la dignidad tampoco se sostiene sola. Necesita instituciones que la protejan, los jóvenes argentinos trabajan más que nunca, en más empleos, en jornadas más largas, en condiciones que ninguna generación anterior habría aceptado como punto de partida. No es que no quieran un empleo formal, sino es que el sistema decidió que su primera experiencia laboral no lo merece.
Seis de cada diez. El número no debería pasar desapercibido en ningún ministerio, en ninguna central sindical, en ninguna cámara empresarial. Debería ser la primera línea de cualquier política pública de empleo, junto con la inserción de la tecnología, seria y real en 2026. Lamentablemente., en Argentina, todavía no lo es.