El endeudamiento de los hogares en Argentina dejó de ser una situación excepcional para convertirse en un problema de carácter estructural que la realidad impone pese a la inacción y displicencia del gobierno de Javier Milei.
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El endeudamiento en el país llegó a cifras inéditas, convirtiendo lo excepcional en un problema estructural. Más de 20 millones de argentinos mantienen deudas con bancos, instituciones financieras, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y otras entidades.
Más de 20 millones de argentinos están endeudados con alguna entidad.
El endeudamiento de los hogares en Argentina dejó de ser una situación excepcional para convertirse en un problema de carácter estructural que la realidad impone pese a la inacción y displicencia del gobierno de Javier Milei.
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Una realidad que afecta a diario a cada vez más familias que ya no solo sufren la frustración de no “llegar a fin de mes” sino que afrontan las consecuencias aún más gravosas y complejas de la morosidad crediticia en un contexto donde la inflación interanual a agosto de 2026 se ubica en 33,6% y la tasa nominal anual (TNA) para un préstamo personal bancario supera el 63%.
Se estima que hoy algo más de 20 millones de argentinos están endeudados con bancos, instituciones financieras, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y otras entidades no formales que les otorgaron préstamos personales en su inmensa mayoría destinados al consumo. De acuerdo con los últimos datos oficiales (julio), más de un cuarto de los deudores (26,7%) ya está en mora, marcando así el 21° aumento mensual consecutivo, en una preocupante tendencia que lleva casi dos años sin un abordaje de parte de las autoridades y que alcanza niveles comparables a los de la crisis de 2001.
Por un lado, el 50,7% del total de deuda está registrada formalmente por el Banco Central, donde las tarjetas de crédito concentran la mayor participación, con el 31,1% del total. El resto de la cartera formal se distribuye entre billeteras virtuales, financieras, Fintechs y prestamistas regulados con un 10,2%, y otras deudas con entidades bancarias, como ser los préstamos personales, que representan el 9,3%. Estos datos confirman la alta dependencia de los hogares al financiamiento formal.
Por el otro, un 49,3% del endeudamiento familiar corresponde al sector informal, con el sistema de “fiado” en comercios de cercanía liderando con el 13,3%, seguido por el atraso en el pago de los alquileres de vivienda, que representa el 12,5% de las deudas. Otro dato sectorial a tener en cuenta es la morosidad en pago de expensas que asciende al 17 %.
Es más, muchas familias ya combinan un doble endeudamiento, tanto en el sistema formal como informal, lo que potencia el riesgo de morosidad en un contexto donde casi la mitad de los hogares que atraviesan estrés económico tuvo que recurrir a préstamos para afrontar gastos corrientes y poder llegar a “fin de mes”.
Al analizar la morosidad por grupos etarios, surge un dato perturbador: la mayor proporción se concentra en el segmento entre los 25 y 34 años, representando el 28,4% del total. Y, sumando a los menores de 24 años, la morosidad entre los jóvenes de hasta 34 años alcanza el 38,7% del total.
Es decir, los jóvenes explican 4 de cada 10 deudores en mora, con la particularidad de que se trata de una franja etaria con una marcada preferencia por el financiamiento a través de plataformas digitales y Fintech, que concentran casi 3 de cada 4 deudores morosos jóvenes. Una problemática que adquiere particular relevancia habida cuenta de la existencia de tasas abusivas que -en el caso de algunas billeteras virtuales- superan el 400%, algo que el titular de Economía no solo reconoció sin sonrojarse, sino que aclaró que “no hay nada que les impida hacerlo”.
Mientras el presidente Milei y su ministro de economía afirman con inconmensurable cinismo y manifiesta falta de la más mínima empatía que se trata de un asunto entre privados, burlándose incluso de quienes decidieron endeudarse en contextos de alta inflación, los datos dan cuenta de una realidad preocupante: el crédito y la consecuente deuda, dejó de ser para muchos una herramienta de progreso para convertirse en un recurso desesperado para la mera supervivencia.
En otras palabras, millones de familias están recurriendo al endeudamiento nada más ni nada menos que para poder sostener su vida cotidiana y afrontar gastos elementales como la alimentación, los servicios básicos, la salud y la educación. No hablamos de comprar o refaccionar una casa, adquirir un auto o financiar un emprendimiento. Hablamos del famoso “llegar a fin de mes”, que cada vez se torna más complejo ante un modelo económico que no da respuestas a la gente de a pie.
Lo cierto es que detrás de cada número y cada fría estadística, hay una familia que sufre ante la crueldad y la indiferencia de un gobierno que continúa procrastinando, negando las consecuencias de su política económica, y evidenciando un marcado desacople con la realidad que atraviesan millones de argentinos.
A esta altura, resulta a todas luces evidente que los altos niveles de endeudamiento y los porcentajes de morosidad no son atribuibles a “malos pagadores”, ni derivan de la “irresponsabilidad” financiera de argentinos que se endeudaron para comprar televisores para el mundial, como adujeron el presidente y algunos adalides de su modelo.
Por el contrario, el fenómeno no puede analizarse con objetividad sin tener en cuenta la caída del poder adquisitivo, el estancamiento de la actividad económica y los crecientes problemas de empleo, en un contexto en donde la merma del ingreso disponible de las familias convive con gastos fijos de servicios que empezaron a ejercer mayor presión sobre el bolsillo, de la mano de la quita de subsidios a las tarifas y otros aumentos muy por encima de la inflación.
La constante suba de las tasas de interés, producto en gran medida de las necesidades de endurecimiento de la política de apretón monetario con la que el Gobierno ha procurado frenar la volatilidad cambiaria y contener la inflación, tornó aún más compleja la situación.
No alcanza con decir que la inflación está bajando, que se están ordenando las cuentas públicas o mejorando indicadores macroeconómicos, si el costo del ajuste se traduce en una pérdida de ingresos, menor consumo, gastos en servicios esenciales que aumentan por sobre la inflación, y familias más endeudadas. La estabilidad debe sentirse también dentro de cada hogar.
Si el ingreso de una familia no alcanza para cubrir los gastos de una canasta básica, esa familia empieza a consumir los ahorros que tuviera, luego -los que pueden- apelan al diferimiento de pagos a través de la tarjeta, después a un préstamo, que se refinancia, y que termina en cada vez más casos en una situación de mora. A esto se suman los atrasos en los pagos de alquileres y expensas.
El Gobierno tiene una responsabilidad política en esta situación, más aún ante una problemática que alcanzó tal dimensión que requiere respuestas específicas, aunque el Gobierno se empaque en negar la realidad y se encuentre dogmáticamente ensimismado en un modelo que no da respuestas.
Por ello resulta imprescindible que las instituciones de la democracia sí den respuestas a través del Congreso de la Nación. Hay muchas propuestas legislativas ya planteadas: créditos accesibles y responsables; refinanciación a tasas razonables; regulación de los créditos no bancarios; prevención del sobreendeudamiento; mecanismos de “segunda oportunidad” para regularizar, entre tantos otros. Pero, fundamentalmente, lo que se necesita son salarios y empleo formal que permitan vivir sin depender permanentemente del crédito o recurrir al pluriempleo.
Una sociedad democrática no debería aceptar que millones de personas tengan que endeudarse para comer, pagar servicios o llegar a fin de mes. La verdadera estabilidad económica es aquella que permite trabajar, pagar las cuentas, ahorrar y proyectar. Ese es el desafío: crear una economía estable, pero también una vida digna y previsible para las familias.
Presidente del Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.