Soledad. Las compras en comercios de cercanía son una de las actividades exceptuadas del aislamiento.
El próximo 28 de junio, cuando expire la nueva etapa de la cuarentena, el área metropolitana de Buenos Aires cumplirá cerca de 100 días de aislamiento social obligatorio. En el resto del país, la cuarentena se ha flexibilizado, aunque aún se mantiene una fuerte intervención estatal en la vida de los argentinos.
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El hartazgo psicológico y el derrumbe económico nos hacen reflexionar acerca de cuál debiera ser el rol del Estado en este contexto histórico. ¿Las políticas implementadas (y las que vendrán) son correctas en pos del bien común, o por el contrario violentan nuestros derechos y libertades individuales?
Comencemos por la principal política pública implementada en Argentina y el mundo, el aislamiento social obligatorio: ¿Que función del Estado justifica tal medida?
Desde el punto de vista de las políticas públicas se mezclan dos motivos conceptualmente distintos y con implicancias políticas muy diferentes. Estos son, el paternalismo estatal y, usando un término económico, la presencia de externalidades.
Las políticas públicas basadas en el paternalismo se basan en la premisa de que el estado puede tomar ciertas decisiones sobre el bienestar de los individuos de mejor manera que ellos mismos. Ejemplos comunes de políticas basadas en el paternalismo estatal son lo que en Estados Unidos y otros países se conocen como sin taxes (cuya traducción sería la de impuestos a bienes pecaminosos, inmorales, o dañinos para el consumidor). En la práctica, los sin taxes son impuestos sobre bienes y servicios tales como alcohol, tabaco, casinos, y, más recientemente, las bebidas azucaradas, con el fin de incrementar su precio y desincentivar su consumo.
El paternalismo estatal no está exento de controversias ya que implica cercenar libertades individuales. En nombre de proteger al individuo, el Estado podría, por ejemplo, prohibir el buceo, la natación en aguas abiertas, o la escalada en roca ya que estas actividades conllevan un riesgo de muerte para los que las practican. Sin embargo, los aficionados a estas actividades podrían argumentar, con justa razón, que ellos conocen los riesgos y están dispuestos a afrontarlos. ¿Por qué el Estado debiera inmiscuirse en la vida privada de los ciudadanos?
En función de esta crítica al paternalismo estatal se podría pensar que el confinamiento implementado debido a la pandemia del Covid-19 debiera ser optativo en lugar de obligatorio. Cada individuo debiera evaluar su costo personal de auto-aislarse con los riesgos que conlleva no hacerlo. Sin embargo, aún favoreciendo las decisiones individuales por sobre el paternalismo estatal, existe una razón que justificaría en ciertos casos la obligatoriedad de confinamiento. Esta es, la presencia de externalidades en la prevención de enfermedades contagiosas.
En economía, las externalidades son los beneficios y/o costos generados a terceros sin consecuencias directas para el individuo que ejecuta una acción. Por ejemplo, cuando una empresa produce, lo hace considerando sus beneficios y costos, sin tener en cuenta los daños a la salud de los vecinos como consecuencia de la contaminación emanada de dicha factoría. Este es el típico caso de externalidad negativa, donde terceros se ven perjudicados. Sin embargo, las externalidades también pueden ser positivas. Por ejemplo, cuando una persona renueva la fachada de su vivienda, embellece el barrio, mejorando el bienestar de sus vecinos y potencialmente aumentado el valor de las viviendas aledañas.
La presencia de externalidades generalmente justifica la intervención estatal, ya que las acciones privadas no logran maximizar el bienestar general. Al no tener en cuenta los costos y beneficios de terceras personas, los individuos tienden realizar actividades que perjudican a los demás, y dejan de hacer otras que benefician a la sociedad. Es por esto que los Estados prohíben la localización de fábricas en zonas residenciales para evitar la contaminación urbana, prohíben ruidos molestos a partir de determinada hora para no molestar a los vecinos, impiden fumar en lugares cerrados para evitar daños a no fumadores, y subsidian el uso de energías limpias.
La prevención de enfermedades contagiosas, incluido el coronavirus, genera una fuerte externalidad positiva. Es decir, la persona que toma medidas precautorias, no solo evita enfermarse, sino que además evita que otras personas con quien mantiene contacto cercano se enfermen (esta es, por ejemplo, la racionalidad detrás de la vacunación obligatoria de emfermedades contagiosas).
Cuando el Estado obliga a una persona con síntomas de coronavirus a quedarse en casa, no es solo con el fin paternalista de que esta mejore, es además con el fin de evitar la externalidad negativa de contagiar a los demás.
No debe pensarse, sin embargo, que la presencia de externalidades justifica de manera inmediata el confinamiento obligatorio. Se debe evaluar cuidadosamente sus costos y beneficios, como así también evaluar políticas alternativas. El costo económico y social de mantener a los trabajadores alejados de sus puestos de trabajo es enorme. ¿Cuál debe ser el balance entre los contagios por Covid-19 y la caída en la actividad económica? Esta no es una pregunta fácil de responder, pero no por ello el dilema deja de existir.
El gobierno, al decir “nosotros priorizamos la vida”, daría a entender que las políticas para frenar el avance del Covid-19 se justifican cualquiera sea su costo. El Presidente, al manifestar que “de la economía se vuelve, de la muerte no”, sugiere que los individuos deben decidir entre perder dinero, o perder la vida. Dicho de esta manera, la respuesta resulta obvia.
Sin embargo, esta no es la pregunta correcta para la toma de decisiones públicas. El aislamiento social obligatorio reduce, pero no elimina las chances de contraer coronavirus. Además, en caso de resultar infectado, son relativamente bajas las chances de morir. Entonces, la pregunta que cada uno debiera hacerse es: ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a resignar a cambio de reducir la chances de contraer covid-19 resultantes del el aislamiento obligatorio? Difícilmente alguien responda que esté dispuesto a despojarse de todos sus bienes materiales. De esta manera queda claro, que el aislamiento social obligatorio tiene sus límites en lo económico, aún en presencia de fuertes externalidades positivas.
Los infectólogos que trabajan para el gobierno debieran hacer de público conocimiento sus estimaciones respecto a la magnitud en la cual las medidas adoptadas reducen el riesgo de contagio. Lo podrían hacer, por ejemplo, a través de modelos SEIR (Susceptible, Exposed, Infected, Recovered) implementados en otros países. Sin estos valores, resulta imposible contrapesar costos y beneficios para la correcta toma de decisiones públicas, y entender si la cesion de derechos y libertades individual realmente se justifica en pos del bien común.