El salario perdió más de lo que reflejan las cifras oficiales

Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la sabiduría es reconocer lo que realmente sabemos y lo que no.

Archivo. Con una metodología atrasada, el trabajador argentino negocia con cifras que no existen.

Reuters

En Argentina, el problema no es de ignorancia, es de elección. El Estado sabe lo que cuesta vivir. Simplemente decide no contarlo.

En octubre de 2025, el propio INDEC anunció que desde enero de 2026 implementaría la metodología de cálculo del IPC con base en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la estructura de consumo vigente desde 2004. El cambio nunca ocurrió. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, bloquearon la actualización, lo que provocó la renuncia de Marco Lavagna al frente del organismo. El propio Caputo admitió que las diferencias sobre el plazo de implementación motivaron la salida de Lavagna, y que el nuevo método se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado". Traducción: hasta que los números sean convenientes.

¿Qué cambia con la nueva canasta?

La metodología vigente del INDEC sigue usando la estructura de gasto de 2004. En aquel entonces, los hogares argentinos destinaban el 9,4% de su presupuesto a vivienda, agua, electricidad y gas.

La ENGHo 2017-2018 del propio INDEC establece que ese rubro hoy representa el 14,5%.

El transporte pasó del 11% al 14,3%. Las comunicaciones, de 2,8% a 5,2%. Estos son exactamente los rubros que más aumentaron desde diciembre de 2023.

Al ponderarlos menos de lo que pesan en la vida real, el índice oficial subestima sistemáticamente la inflación que vive la gente. No es mi opinión, es la diferencia entre los datos que el INDEC recolectó y los que decide aplicar.

Lavagna se despidió del INDEC tras el conflicto por la aplicación de la nueva metodología.

El impacto no es menor. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estimó que con la metodología actualizada la inflación de 2025 habría sido del 33%, no del 31,5% que registró el índice oficial.

Martín Rozada, director de la Maestría en Econometría de la Universidad Di Tella, fue más directo calificando la decisión de bloquear la actualización como un día negro para las estadísticas públicas del país y señaló que una nueva medición de pobreza basada íntegramente en la ENGHo 2017-2018 arrojaba al cierre del segundo semestre de 2025 una tasa de 37,3% de la población, contra el 31,6% que difundió el INDEC con su canasta de 2004.

Para el derecho laboral, esto tiene una consecuencia directa, las paritarias se negocian contra un número que no existe. Cuando un sindicato acuerda un aumento basado en una inflación oficial del 2,8% mensual, pero el costo real de la canasta, con los pesos actualizados que el propio INDEC midió, crece más, el trabajador pierde incluso cuando gana. El convenio colectivo, que debería ser el escudo del poder adquisitivo del empleo registrado, se convierte en un instrumento calibrado con una regla que mide mal a propósito.

Acá aparece una ironía que no es menor, la preciada tecnología que para medir la inflación en tiempo real ya existe. El MIT Billion Prices Project y plataformas similares llevan más de una década recolectando precios online mediante inteligencia artificial y procesando millones de datos diariamente, con resultados que consistentemente anticipan y superan la precisión de los índices oficiales. El problema no es técnico. Es político. Argentina tiene la metodología actualizada, tiene los datos de la encuesta de hogares de 2017/2018 y tiene las herramientas digitales para implementarlos. No lo hace porque el número resultante sería incómodo para la administración Milei.

Mientras tanto, en Dinamarca acaban de aprobar la reducción de la jornada laboral a 33,9 horas semanales. La lógica es la de Henry Ford en 1926, sin trabajadores con tiempo libre y poder adquisitivo, no hay quién consuma, y sin consumo no hay economía. Ford lo entendió antes que sus contemporáneos y le fue bien. En Argentina de 2026, el movimiento es exactamente el inverso, los salarios reales caen más de lo que se admite oficialmente, lo que obliga a millones de trabajadores a tomar un segundo empleo, (plataformas digitales, mas precarización), extender la jornada informal o endeudarse para llegar a fin de mes. No es reducción de jornada, es su expansión silenciosa, sin registración, sin cobertura sindical y sin horas extra.

Para el derecho laboral, esto tiene una consecuencia directa, las paritarias se negocian contra un número que no existe.

El Gobierno que bloqueó la actualización del IPC para que la inflación parezca menor es el mismo que mide los salarios en dólares para que parezcan mayores. En la apertura de sesiones de 2026, Milei anunció que "hemos triplicado el salario en dólares". Chequeado verificó el dato: en dólares, sí subió. Pero el poder adquisitivo real creció apenas un 17%, no el 141% que sugiere la frase. El truco es conocido, se elige el denominador que da el número que conviene. Con el IPC de 2004 la inflación baja; con el dólar oficial el sueldo sube. Dos reglas distintas, un solo objetivo. Tu sueldo no perdió el doble porque la economía sea compleja. Perdió el doble porque alguien eligió qué medir, cuándo medirlo y con qué regla. Y esa elección no fue técnica. Fue política.

El trabajador no pierde porque negocia o negocio mal. Pierde porque negoció contra un número que no existe.