Si a los argentinos se nos apareciera el Genio de la Lámpara de Aladino y nos ofreciera realizar uno solo de nuestros deseos, mi propuesta sería que el gobierno creara un “Seguro de Indemnización” que permitiera al 100% de los empleados ser dueños de su derecho a contar con ese dinero. Lo digo pues con ese derecho, vía el seguro, todo cambiaría y el gasto público comenzaría a bajar rápidamente.
Sin embargo, debemos saber que solo un pequeño porcentaje lo cobra (menos del 30%), y es aún menor la cantidad de personas que lo cobran en un 100%.
Esta indemnización y como está planteada hoy en nuestro país, es seguramente el mayor freno a la incorporación de personal a nuestras empresas (de algo que debiera ser provechoso y no negativo), y es un factor importante de la razón por las que, aun habiendo condiciones objetivas de una proyección de un mayor crecimiento de la economía en el futuro, será difícil conseguir que las empresas empleen más gente. El problema del coronavirus acrecienta la importancia de tomar esta medida con urgencia.
La razón de este fenómeno maligno es objetiva y subjetiva. Debemos ser conscientes la sociedad, los empresarios, los sindicatos y especialmente los políticos que necesitamos generar más de un millón de puestos formales privados por año para generar un cambio en serio en nuestro país. 400 mil por suba demográfica, 400 mil por cada punto de desocupación que deseemos bajar y 400 mil que hoy trabajan en el sector público para disminuir el costo de un estado elefantiásico. Esto nos exige el trabajo coordinado entre el Ministerio de Trabajo, el de Producción, el de Economía y los sectores empresarios, gremiales y la oposición.
La razón objetiva es que hoy la acumulación del pasivo laboral dentro de la empresa sistemáticamente baja el valor y el precio de esta, tanto a empresas grandes como de pequeñas, y nadie hace una empresa para acumular deudas y menos en un país con una historia de tantos vaivenes. Y es por ello por lo que cada vez más tenemos menos empresas, cada vez más débiles y por lo tanto menos empleo privado pues se desincentiva fuertemente la creación.
La subjetiva, es que, por las altas variaciones de la economía argentina, se toma a una persona y luego hay que despedirla pues la empresa no la puede mantener (al volver a empeorar las condiciones económicas del país); emplear a alguien es incorporar seguramente un conflicto laboral, donde especialmente para las empresas chicas, puede significar su destrucción, en las medianas significa dificultades financieras y las grandes empresas terminan con costos más altos que luego serán criticados por la sociedad y los políticos. Y es por eso por lo que cuando uno conversa con un empleador sea grande o chico, nacional o extranjero con experiencia y aun los que no la tienen, lo primero que dice es que no quiere tener más empleados, a pesar de que crezca su negocio.
Mi propuesta para revertir la situación en modo simple, y con más derechos para el personal es una variante del lo que me han dicho se llama la “Mochila Austríaca”.
Consiste en que las empresas paguemos para nuestros empleados un “Seguro de Indemnización” del 4% sobre la nómina salarial de todas, repito todas, las empresas privadas, al ANSES, que deberá acumular en un Fondo de Garantía Indemnizatorio (FGI), y que, a cambio de esto, la persona empleada tenga la seguridad que podrá cobrar mensualmente la indemnización que le corresponda (y por los meses que le corresponde) por los montos que su seguro le cubre y que lo acompaña (mochila) cuando pasa de empresa a empresa, sin necesidad de entrar en conflicto con su empleador, con quien la gran mayoría de las veces se lleva bien y con quien incluso pueda volver más adelante a trabajar (es muy técnico para este artículo explicar esto, pero hoy eso es muy caro para la empresa). Sobre 6 millones de salarios mensuales privados, el ANSES cobraría 240.000 por mes para cubrir este costo (le sobraría mucho)
No es lógico que para crecer propongamos desde las empresas y a través de los economistas liberales pensar en quitarle derechos a la gente que trabaja y menos en las circunstancias difíciles y extremas actuales. No es además racional por la alta crisis de demanda interna ya que el temor a perder el empleo significaría una disminución en el consumo de la población y con ello nuevas dificultades para las empresas.
Pero tampoco es lógico creer que el sistema actual va a funcionar, cuando todos sabemos que ninguna empresa o empresario desea contratar personal pues el sistema vigente promueve conflictos y ya sufrimos y tenemos la experiencia desde hace años que no está funcionando. Las empresas solo empleamos lo mínimo y necesario, y solo empleamos a los mas capaces y que estén en perfecto estado de salud, pues lo contrario puede significar un problema para la supervivencia de la empresa. La desocupación es alta, y no hay ningún indicio de que será menor en las actuales circunstancias, con la consiguiente desazón que esto genera y la poca población que sale a buscar empleo, pues sabe que no lo consigue (la población económicamente activa, es decir quienes trabajan o buscan empleo de nuestro país es muy baja en comparación con los países que crecen). Estamos incrementando y exacerbando la desigualdad, incluso en las poblaciones más humildes.
Si seguimos con las actuales leyes y condiciones laborales, no se generará empleo, aun con crecimiento, pues las empresas evitarán tomar trabajadores por el riesgo infinito que esto supone (infinito pues no podemos medir el costo de los juicios potenciales).
Entre los muchos beneficios adicionales que tiene el Seguro de Indemnización, está la posibilidad de mejorar la situación de las personas (y sus familias) que quieran cambiar de compañía en su búsqueda de crecimiento personal. El sistema actual les impide aprovechar el aumento de oportunidades que se les presentan cambiando de trabajo pues pierden su capital indemnizatorio y terminan siendo prisioneros de empresas en decadencia, muchas veces hundiéndose con la misma. Subirán así con este seguro su ingreso paulatinamente con nuevas experiencias.
También se beneficiarán las empresas ya que serán sujetas de crédito pues valdrán más, y también lo harán los bancos o proveedores, pues en caso de problemas financieros o quiebras (en algunos casos motivados como forma extrema de eliminar el pasivo laboral) no serán los últimos en cobrar como sucede hoy. Y por ello los accionistas las cuidarán más invirtiendo, pues no querrán perder una empresa ahora que tiene un valor económico en un mercado que está creciendo.
Mejorará la productividad de las empresas, pues disminuirán los conflictos laborales internos, con una mejor calidad de vida de sus empleados, y podrán invertir los recursos que se perdían en juicios y baja productividad en tecnología que aumente la oferta y la calidad de los productos y con ello subirán los salarios, así mismo los empleados se seguirán formando constantemente (pues ahora podrán cambiar de empresas y llevarse su antigüedad y por ello estarán incentivados a estudiar), siendo también un estímulo para que las empresas los formen (pues de lo contrario sus empleados se irán para buscar compañías que les brinden esta educación que les permita crecer como personas y también en sus ingresos ya que contarán con estas nuevas capacidades).
La diferencia sustancial con el sistema actual es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad, trayendo seguridad por más tiempo a las familias de los empleados, pero desde este fondo del ANSES –FGI– y ya no desde la empresa.
Las empresas inmediatamente tendrán más valor, pues desaparecerá el pasivo laboral, y al valer más por suba del patrimonio neto, los accionistas tendrán incentivos a invertir ya que tendrán un activo con valor que no querrán perder. Habrá mucho más empleo, no menos. Y en un proceso como el que se inicia con un nuevo gobierno como este, el crecimiento se podrá dar más rápidamente pues no tendrá riesgos para las empresas tomar personal, tanto para las existentes que valdrán más, como para los emprendedores que no temerán emplear gente.
Los trabajadores serán los dueños de sus indemnizaciones y las administrarán con prudencia y como adultos cuidando sus intereses personales y las de sus familias. En el caso de los millennials que muchas veces desean un periodo de descanso entre dos empleos, lo podrán tener sin pérdida del ingreso mensual (si cuentan con la antigüedad).
El Estado no deberá pagar este 4% adicional, pero su personal tendrá los mismos beneficios cuando pasen al sector privado que comenzará a pagar el seguro (es decir tendrán la antigüedad que les corresponda). Si tuvieran regímenes especiales de despido, se los llevarían con ellos y se los reconocería el ANSES pues para el Estado el costo al final es lo mismo (de hecho, será mucho menor).
La eliminación del incentivo a hacerse despedir para hacerse de “su derecho”, del temor de perder el empleo, de la necesidad de permanecer aún a desgano en una empresa para no perder la indemnización, lograría la suba de manera importante de la productividad del país. Y con ello la Argentina crecerá y volveremos a tener un país en movimiento. Todo esto se lograría con incrementar y no con disminuir los derechos laborales.
El generar empleo privado en cantidad en actividades que generen valor agregado es lo que permitirá al Estado no ser el empleador de todos aquellos que no consiguen empleo privado, y de este modo produciéndose un éxodo hacia el sector dinámico de la sociedad, y así, el inicio de la disminución del gasto público y con ello de la eliminación de impuestos a las empresas que producen productos que consume la gente bajando así el precio de los bienes de consumo, que afectan en mayor medida a los más pobres, a aquellos que consumen impuestos cada vez que consumen y donde el dinero que reciben no les alcanza para saciar el hambre.
Presidente de TN&Platex
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