La crueldad del veto

Javier Milei

En un acto que transita la delgada línea entre lo surrealista y lo alarmante, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un incremento simbólico para los jubilados, al tiempo que declaraba la emergencia en discapacidad. Mientras tanto, una multitudinaria marcha recorría las calles del país, clamando por justicia social y dignidad para los sectores más vulnerables. ¿Es esta la manera en que el gobierno de Javier Milei elige honrar a quienes sostuvieron a la Argentina en sus momentos más difíciles?

Este choque entre la realidad política y las necesidades del pueblo no es simplemente una falla de comunicación: es una señal clara del rumbo sombrío que ha tomado la administración actual.

La situación es desoladora. El aumento aprobado para los jubilados —mínimo y casi simbólico— representa una burla en un contexto donde miles de personas mayores viven en condiciones de extrema pobreza. Pero está claro que ante la situación actual todo es bienvenido, este aumento quizá represente que varios días puedan realizar almuerzo y cena. La declaración de emergencia en materia de discapacidad, por su parte, parece más una puesta en escena que una política pública real, sobre todo ante el inminente anuncio de un veto presidencial. Lejos de usarse con prudencia en contextos excepcionales, el poder de veto se está convirtiendo en una herramienta para silenciar demandas legítimas y bloquear el funcionamiento democrático.

Desde su llegada al poder, Javier Milei ha demostrado que su gobierno no solo tolera el conflicto, sino que parece alimentarse de él. Las decisiones que deberían estar orientadas a proteger a los sectores más humildes se subordinan a su cruzada ideológica contra la política tradicional. Así, se instala un clima de crueldad institucional, en el que los más necesitados se convierten en víctimas de una lógica que prioriza el ajuste por sobre la humanidad.

El foco del discurso oficial se desplaza constantemente hacia la inflación, la deuda externa y los desequilibrios macroeconómicos, mientras se ignoran las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. Resulta irónico, y profundamente injusto, que, en lugar de aprobar medidas concretas para mejorar la calidad de vida de los sectores postergados, se impulsen leyes que luego son desactivadas con un veto draconiano.

Tomemos como ejemplo la situación de los jubilados. En un país con un sistema previsional frágil, atravesado por años de injusticia, un aumento insignificante no es más que un insulto para quienes dedicaron su vida al trabajo. La economía necesita del reconocimiento y de la justicia como motores de legitimidad. Cuando un gobierno desprecia la ley del reconocimiento, se arriesga a consolidar una cultura de indiferencia. En ese sentido, el veto se convierte en el símbolo de un desprecio institucional hacia quienes más necesitan del Estado.

Milei se presenta como un outsider, un enemigo del establishment político, pero su forma de ejercer el poder no dista de los abusos del pasado, donde las políticas de ajuste se impusieron a costa del bienestar popular. El verdadero desafío de la democracia no consiste solo en administrar con eficiencia, sino en garantizar que todos los ciudadanos —y especialmente los más vulnerables— tengan un lugar en el proyecto de país. Gobernar sin esa responsabilidad ética es gobernar a espaldas de la sociedad.

Vetando leyes que buscan proteger a los sectores excluidos, el gobierno repite viejas fórmulas de deshumanización, disfrazadas de reformas necesarias. No basta con legalidad; se necesita legitimidad social y moral. El poder político debe rendir cuentas no solo ante sus votantes, sino ante toda la ciudadanía.

Las manifestaciones del pueblo no son un capricho: son el reflejo de una sociedad que ya no tolera el abandono ni la injusticia. Las decisiones que afectan vidas humanas deben tomarse con sensibilidad, con conciencia del daño que pueden provocar. El veto, como último recurso institucional, no puede transformarse en el primer reflejo de un gobierno insensible.

Javier Milei, sin embargo, parece no entender esta premisa. Las decisiones que castigan a los más vulnerables no son medidas de gobierno: son actos de crueldad. Y lo más preocupante es que esta lógica de exclusión no parece una anomalía, sino una tendencia consolidada en su estilo de gobernar.

Frente a esta situación, el silencio no es una opción. Las marchas que se vienen desarrollando no fueron meros gestos simbólicos: fueron un grito urgente por dignidad, por justicia, por humanidad. La democracia no se sostiene solo con leyes, sino con equidad, con respeto, con compasión.

Quienes se atrevan a vetar la democracia deben saber que la resistencia de un pueblo digno no se apaga con decretos. El camino hacia una sociedad más justa es difícil, pero solo a través del diálogo y del compromiso colectivo podremos reconstruir un país paralizado por la desigualdad y el desinterés oficial. En esta lucha, el veto no puede ser el destino. Tiene que ser el punto de partida de una ciudadanía que no se rinde.

Dirigente del NEP. Congresal Metropolitano del PJ CABA. Congresal Nacional PJ