Panorama desafiante

(El diálogo es con Walter Cont, economista asociado de FIEL, para quien la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y su atraso no ayudan a la inversión y «funcionan como un subsidio desde los usuarios industriales y comerciales hacia los residenciales de altos ingresos que podrían pagar más». Veamos.)

PERIODISTA: ¿Qué opinión le merece la situación actual de los servicios públicos?

Walter Cont: Hoy está vigente el control público, directo o indirecto, de la inversión en infraestructura, y delegación al sector privado del management y operación de servicios, como el control directo de dicha gestión (agua potable y correo). En el medio se encuentran las concesiones y licencias otorgadas a empresas privadas, que luego de 5 años no han sido renegociadas. Esta incertidumbre contractual y regulatoria no hace bien a los servicios públicos. Si bien, en el transcurso de lo que se considera período de crisis económica y social (ya van 5 años con opción a extenderse 1 más) no se han divisado problemas serios, salvo en el sector energético, a medida que pase más tiempo pueden surgir dificultades en otros sectores.

P.: ¿Las tasas actuales de servicios públicos desalientan la inversión?

W.C.: Tarde o temprano habrá que modificarlas. De hecho, no queda sector en la economía en el que los precios no se hayan acomodado.

P.: ¿Qué sucedió con las tarifas?

W.C.: La lógica económica sugiere que si de un análisis técnico hubiese surgido la necesidad de un rebalanceo tarifario, para minimizar las distorsiones, debería haberse hecho sobre tarifas finales, reasignando costos comunes, luego costos fijos propios y finalmente -y sólo en caso de ser necesario- costos variables, como el precio de la electricidad o del gas natural. Pero hasta el momento se hizo lo opuesto. Se redefinieron los precios de gas natural y electricidad, diferenciándolos por tipo de usuario, y prácticamente no se tocaron los márgenes de transporte y distribución.
Tampoco se modificaron las tarifas de aguas ni de teléfonos, aunque en este último caso las empresas tenían margen para deshacer descuentos ofrecidos a sus usuarios. Esta indefinición sobre el modelo de operación de servicios de infraestructura tiene consecuencias negativas sobre la falta de inversión voluntaria. La alternativa que ha encontrado la administración actual es sustituirla con inversión pública o con control público de la inversión privada, como son los proyectos de inversión del gasoducto en el NEA y la creación de las 2 centrales de generación que se conectarán a él.

P.: ¿Qué opinión le merece el atraso tarifario desde el punto de vista de los usuarios?

W.C.: El atraso tarifario actual, junto con los ajustes realizados, pueden considerarse como una forma de subsidio desde el resto de la economía y de los consumidores industriales y comerciales hacia los usuarios residenciales.Actualmente, se están beneficiando muchos usuarios que están en condiciones de pagar una tarifa mayor.

P.: ¿Es preocupante el tema de la energía?

W.C.: Al día de hoy los problemas de desbalances se corrigieron con importaciones de gas natural de Bolivia, con restricciones a las exportaciones a Chile, con recortes a la industria y con consumo de combustibles líquidos por parte de las generadoras térmicas. Sin embargo, la situación futura presenta un panorama desafiante: la capacidad de generación térmica está llegando a su límite, con una demanda de electricidad que sigue creciendo, sin perspectivas de un aumento en la oferta de gas natural. Esto nos hace más dependientes del gas importado y de la necesidad de inversiones en el gasoducto que lo transporte. Finalmente, en un sistema de transporte-distribución en fuerte uso y con pocas inversiones en mantenimiento, los riesgos estructurales de infraestructura son crecientes en el tiempo.