Para mercados, país es caso Enron gigantesco

Convalidando su jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó la apelación de EM, de Kenneth Dart, y de NML Capital, que pretendían embargar las reservas que el Banco Central tiene en la Fed de Nueva York, por los embargos decretados por el juez Thomas Griesa por los bonos de la deuda argentina impagos que tienen en su poder. La resolución de Griesa condenó a la Argentina a pagar u$s 728 millones a EM y otros 280 millones a NML Capital.

Serrin Turner -conocido por su defensa del proceso judicial en los casos de juicios por terrorismo luego del 11/S- fue designado por el Departamento de Justicia para testimoniar en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones. Turner es un graduado de Harvard, con enormes antecedentes en la oficina de programas federales del Departamento de Justicia, y se desempeña actualmente como Associate Counsel for the Liberty & National Security Project en el Brennan Center for Justice, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York. El testimonio de Turner ratificó que los bancos centrales son independientes y autárquicos, y que sus depósitos no son otra cosa que la reserva (el activo) de su emisión monetaria, que es el pasivo.

El fallo unánime demuestra que la jurisprudencia en los Estados Unidos se cumple, pese a los millones y los abogados en juego, y porque los dólares (la moneda de reserva) duerme en Nueva York: el Banco Central no estuvo en default, ya que cumplió aun en la crisis los compromisos con organismos multilaterales, incluyendo las «Repo» o pases contingentes que había concertado bajo la presidencia de Pedro Pou.

Problema de fondo

Ahora sólo queda por solucionar el problema de fondo, que es moral y no económico. No se debe suponer que el fallo de la Corte implica un éxito político. Nada de eso: el pueblo argentino no le ha dado al Congreso de la Nación la facultad de denigrar el crédito de la República. El Justice Charles E. Hughes, en su voto en disidencia en el caso «Perry v. United States», señaló que «decir que el Congreso puede retirar o ignorar lo que se compromete es asumir que la Constitución contempla una vana promesa (la de tomar prestado dinero sobre el crédito de los Estados Unidos), una promesa que no tiene otra sanción que la voluntad y conveniencia del promitente. Esta Corte no ha dado aprobación a semejante concepción de las obligaciones de nuestro gobierno».

Todos los prospectos de emisión de deuda argentina señalaban que el país nunca había repudiado su deuda. La había renegociado, pero la había respetado. Las notas de calificadoras como Standard & Poor's, que utiliza letras que significan «país altamente riesgoso», no tienen relación alguna con el índice de JP Morgan (el riesgo-país), que refleja solamente una comparación de tasas de interés sin detenerse en la obligatoriedad del sistema previsional de contar en su activo con títulos argentinos. Si un país con un riesgo de 6.000 puntos pudiera tranquilamente repudiar 75% de toda su deuda, canjearla por nueva y por ello disminuyera su índice de riesgo-país a 400 puntos, la solución estaría al alcance de cualquiera.

Desprovisto el Estado de la bandera del cumplimiento de más de cien años, sólo le quedará por delante ofrecer tasas más altas, que debe pagar por su debilidad y para esconder sus antecedentes de mal pagador. Para disfrazar el déficit cuasi fiscal, adopta como política de emisión «el ajuste por el CER» porque la inflación futura no se contabiliza en el balance hoy. Pero la inflación está a la vista, aunque Moreno trate de ocultarla. La lección de la crisis actual es que 40 mil millones de dólares significan poco en el mercado mundial. Pueden durar unos meses (como sucedió en 2001) o unas horas, por arbitraje de los mercados. En un sistema que tiene en cuenta el riesgo moral, es mejor tener crédito que reservas.

La Argentina está, en el análisis del «character» o personalidad de un deudor, bastante mal, sobre todo por las crisis habituales de un año en que cambia el gobierno. Desde hace 50 años, las crisis (el desvío en las tasas de interés) ocurren en los dos trimestres anteriores al cambio: como los balances de las multinacionales (incluyendo bancos y seguros) cierran en diciembre y junio, los manuales disponen, en el escenario de cambio de gobierno, remitir la utilidad a la casa matriz. Recuerden 1981, 83, 85, 87, 89, 91, 95 y 99. Ello ha sido repotenciado además este año por el impacto de los « resultados no asignados» de los balances, previsiones que forman parte del pasivo y que tienen como contrapartida disponibilidades, y que por una norma de la IGJ del año anterior no pueden trasladarse al ejercicio siguiente. Bancos cuyo fondeo eran disponibilidades de aseguradoras deberán buscar otros fondos líquidos, subirá la tasa de interés y bajará la capacidad prestable, como ocurre ahora.

Pero lo peor es la calificación de riesgo moral que la Argentina tiene hoy, después del canje de deuda. John Locke definió en su «Segundo ensayo sobre el gobierno civil» que el poder político no puede tomar a nadie parte de su propiedad sin su consentimiento, pues la salvaguarda de la propiedad es el fin de un gobierno y la razón por la cual los hombres entran en sociedad. Un Estado siempre debe cumplir con sus propias leyes, aunque circunstancialmente no le convenga. Para el mercado mundial, la Argentina no es hoy un país. Es un Enron gigantesco, que en lugar de manipular la contabilidad en partida doble lo hace con los índices, que es lo mismo. Parece un grupo de empresas que asigna recursos como se le ocurra día a día al poder político para ocultar la inflación, y que en lugar de emitir acciones emite «bonos atados al crecimiento», deuda subordinada que no cumple dentro de las condiciones de emisión. Echó a los auditores (el FMI) para que no molesten, tiene unos 30 mil millones de deuda en default y financia la mitad de su caja con cheques de corto plazo, que llama Lebac: tiene, en el mundo occidental, un problema moral.