Quienes nos dedicamos a cuestiones de seguridad vemos con suma atención los posicionamientos que toman los especialistas en la materia ante hechos de trascendencia mediática como el de Santiago “Chano” Charpentier. Estas posturas, en su gran mayoría, oscilan entre lineamientos a los que podemos encasillar como “de derecha” o de “izquierda” según la visión que se ostente sobre los alcances y funcionamiento del sistema penal.
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Si bien esta discusión resulta saludable en términos democráticos, ya que afianza el debate de ideas necesario para una sociedad conflictiva como la nuestra, en estos últimos años ha tendido más a rivalizar que consensuar propuestas para el desarrollo de políticas de Estado en materia de seguridad pública y ciudadana. Para dar un ejemplo, recientemente la Argentina ha discutido desde visiones opuestas: la baja de edad de imputabilidad, las despenalizaciones del aborto y del uso de estupefacientes, los cortes de calle o de rutas y el uso de las pistolas Taser, entre otros.
No obstante, el problema no estaría dado por el debate en sí, sino por la falta de propuestas que, en primer lugar, hagan superar la contradicción de base política que arrastran los posicionamientos más extremos (de un lado y del otro) y, por último, den margen para imaginar un escenario donde gobierne quien gobierne, las reglas sobre la seguridad en la Argentina sean las mismas.
Respecto del primero de los puntos, mientras los sectores más conservadores piden agrandar el Estado en términos punitivos, exigen que el Estado se reduzca en términos económicos para ser moldeado por la mano invisible del mercado. Lo que demuestra que el problema no sería el Estado y su participación, sino dónde participa, para qué lo hace, y qué intereses afecta.
Por otro lado, los sectores más progresistas son los que exigen un mayor control policial a partir de una mirada más comprensiva de la situación social que esconde el conflicto criminal, principalmente el referido al delito predatorio, lo cual es atendible desde todo punto de vista. Esto lo menciono por una cuestión elemental: si el Estado tiene serios problemas de legitimidad en razón a la selectividad con la que naturalmente opera, dirigida fundamentalmente hacia los sectores más vulnerables, más se pondría en crisis dicha legitimidad cuando mantiene esta selectividad frente a procesos económicos injustos. No obstante, y este es el punto, es su misma base electoral la que pide reforzar la presencia policial en los barrios populares, en tanto son los sectores más vulnerables quienes padecen la criminalidad en mayor medida.
Estas dos posiciones han llevado a la Argentina hacia una crisis de programación, alcance y profundidad de la política criminal, más aún, cuando la alternancia del poder cobra vida. Siendo las fuerzas policiales y la sociedad quienes quedan en el medio del debate.
Ojo que este entuerto no es inocente. Guarda relación con la sobreutilización que, desde la recuperación del sistema democrático de gobierno, la clase política hizo sobre sus fuerzas de seguridad, lo que nos llevó a codificar en clave punitiva situaciones problemáticas que antes estaban codificadas en clave social, siendo la utilización del monopolio de la fuerza la única salida considerada por el Estado para resolver de cuajo dicha conflictividad.
Con ello quiero decir que, durante los últimos cuarenta años, aquellas situaciones que antes eran abordadas en sus causas y en sus manifestaciones no violentas por agencias sociales (problemas por el acceso a los derechos más básicos: salud, empleo, hábitat) pasaran a ser abordadas y resueltas en sus consecuencias y manifestaciones violentas por la policía (Usurpaciones, uso problemático de estupefacientes, cortes de calle o de ruta, delitos callejeros, etc).
Es por ello necesario que una posible mirada equidistante permita abrir paso hacia una discusión que englobe la necesidad de diagramar la seguridad en la Argentina sobre la base de reglas claras para las fuerzas policiales y un mensaje contundente para la sociedad respecto a los alcances constitucionales y democráticos del monopolio de la fuerza y la potestad de castigo del delincuente.
En este sentido, resulta urgente darle tensión a tres pilares básicos que deberían moldear la actividad policial del Estado, gobierne quien gobierne, cualquiera sea su jurisdicción, para que no emerjan las contradicciones referidas anteriormente.
A) Principio de Habilitación: Si el conflicto a intervenir no posee ningún componente violento, las Fuerzas Policiales deben evadirse de resolverlo violentamente. Este principio es claro por cuanto exige a las fuerzas policiales racionalizar el uso de la fuerza, no para tener una mirada contemplativa de la criminalidad, sino para garantizar que su accionar no quede expuesto a excesos innecesarios que puedan dificultar, o poner en crisis, su accionar cuando este devenga ineludible.
B) Principio de Racionalidad: Las Fuerzas Policiales no pueden generar más violencia que aquella violencia que intentan prevenir. Este enunciado, si bien no reviste mayor tipo de complejidad desde lo semántico, sí resulta una limitación fundamental a la hora de controlar el espectro operativo de las policías. Ello, en tanto sugiere necesaria una regulación del poder represivo de estas agencias en aquellos casos en que, aun reconociendo la necesidad de intervenir violentamente, este accionar deba ser proporcional, lo que se deduce de la armonía dada entre el propósito de intervención y los medios represivos que se eligen para ello.
C) Principio de Legitimación: Las Fuerzas Policiales solo pueden intervenir violentamente, dentro de los márgenes de la ley, en aquellos conflictos delictivos que, sin una intervención violenta, tienden a incrementar su potencialidad criminal. Este principio es, sin dudas, el más importante, toda vez que regula el uso de la fuerza legítima. Su finalidad no es morigerar la capacidad operativa de la policía, sino habilitarla con reglas claras pero dentro de los márgenes que establece la ley.
A partir de la resignificación y operatividad de estos principios, ciertas discusiones sobre la cuestión policial pueden ser morigeradas para darle paso a otras que permitan superar la visión netamente policial que existe sobre los problemas de seguridad en la Argentina.
Es por todo lo referido, que la articulación de los principios expuestos puede también ayudar a redireccionar las prioridades del trabajo policial. Ello, en tanto, la efectividad y los alcances de la política criminal de un territorio ya no se definirían por la cantidad de detenciones, el número de policías, sino por la capacidad de las agencias que convergen en el crimen para reducir el delito en los marcos que establece la ley. La convivencia democrática y el respeto al trabajo digno de las fuerzas de seguridad nos pueden asegurar este camino. Todo un desafío pero, a la vez, toda una obligación.
Especialista en política criminal y seguridad ciudadana, director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad y Funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación.
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