Seis formas de destruir al campo

El gobierno insiste en jaquear al sector más eficiente de la economía: la cadena agroindustrial y de servicios. O lo que es lo mismo: persiste en destruir riqueza. La gravedad del error se acentúa por el inigualable escenario internacional que tienen gran parte de nuestros productos primarios y sus derivados industriales. La ironía es que esta misma razón es la que está enmascarando el importante daño que se está ocasionando a uno de los sectores más dinámicos del país, al punto que fue el que permitió neutralizar buena parte de la crisis de 2002; es el que motoriza la economía de prácticamente todo el interior y es el que justifica el grueso de las divisas genuinas que ingresan a la Argentina anualmente. Pero la ceguera, o los preconceptos anacrónicos del oficialismo, no repara en estos datos. Busca soluciones coyunturales, simples, «fotos» para los medios, sin medir el impacto negativo en el tiempo, ni hacerse cargo de los desaciertos. Las presuntas soluciones de hoy son los problemas de mañana. Y no hablamos solamente de temas tales como la inseguridad jurídica para las inversiones, la violación del derecho de propiedad, o los controles de precios (como si no se hubiera aprendido aún que el único control efectivo es el aumento de la oferta, y no su achicamiento), ya que estas medidas afectan también a otros sectores. A lo que se alude es a las herramientas « diferenciales» que pesan sobre el sector agroindustrial y el interior, y que en más que apretada síntesis podríamos resumir en 6 puntos.

1- El tratamiento desigual en el comercio exterior, a partir de la aplicación de impuestos a las exportaciones, más conocidos como «retenciones». Esto hace que mientras los agroproductos tienen un tipo de cambio hasta 25% inferior a los $ 3/u$s, y muchos de ellos no cuentan con reintegros, otros sectores menos eficientes gozan de una paridad real de $ 4-4,5/u$s. Así, la brecha entre ambos ronda los $ 2. Naturalmente, estas « retenciones» fundamentan un porcentaje importante del superávit fiscal, una baja artificial, o forzada, en los precios internos de varios alimentos y un sobrecosto de subsidios ocultos por otro lado.

2- La elevación arbitraria de los Precios Indice (sobre los que tributan los impuestos a la exportación) equivalente a una suba implícita de esos impuestos. Es lo que ocurrió con las manzanas a fines de marzo pasado, o con el trigo, algunos meses después. En el primer caso el efecto inmediato fue la casi desaparición de las exportaciones. Lo siguiente, la liquidación de importantes volúmenes de fruta que se destinaron a las jugueras por falta de precio interno. La consecuencia: la falta ahora de productos en el mercado, lo que provocó una suba en los precios de cerca de 10 por ciento en setiembre, y de 5 por ciento más durante octubre.

3- Cierre de las exportaciones, equivalente a la aplicación de impuestos de exportación de 100%. Sucedió con la carne vacuna a principios de marzo, y es la amenaza que pende -incluso así fue anunciada por el propio gobierno sobre el trigo, maíz, etc. Parece no haber bastado la enormidad del daño producido en la ganadería, cuyos efectos ya se están sintiendo, sino que se insiste con la misma amenaza y el mismo efecto devastador sobre la producción.

4- Cartelización de la demanda por acción y hasta por «orden», en algunos casos, de los mismos funcionarios. El resultado fue el quiebre de las relaciones comerciales, la destrucción de la cadena de valor, la desconfianza entre las partes (exactamente lo contrario de lo que se debería buscar), y la pérdida de transparencia que puede provocar hasta la desarticulación de algunos mercados. Por caso, en los últimos días llegó a « desaparecer» la demanda de trigo de la plaza local, comienza a suceder lo mismo con el maíz, los índices ganaderos ya carecen de valor formal, etc. En síntesis, se camina inexorablemente hacia la anulación de muchos mercados.

5- Déficit de gasoil. Este punto alcanza, prácticamente, la gravedad de daño que representó el inédito cierre de las exportaciones de carne. La magnitud, en planos distintos, es similar, ya que se trata del insumo principal de la producción y de su transporte. Sin gasoil no hay siembra, ni cosecha, ni riego, ni bombeo, ni calefacción, ni sistema de frío, ni secado y, naturalmente, tampoco puede haber tráfico de mercaderías. Las consecuencias no son difíciles de imaginar: achicamiento de la producción, mayores costos, más aislamiento del interior. Al igual que la suba en los precios de varios alimentos, el déficit energético constituye la «crónica de una muerte anunciada», previsible, y que el gobierno podría haber evitado si hubiera querido (sabido, o escuchado).

6- Sistema tributario que descapitaliza a la producción. Es imprescindible una simplificación fiscal, la reducción del impuesto al empleo, la eliminación de gravámenes como el impuesto al cheque, que dañan la formalidad y la seguridad de la producción; o el impuesto a las amortizaciones por falta de ajuste por inflación que castiga las inversiones de larga duración y los gravámenes a las exportaciones no observadas en ningún país del mundo. De más está decir que una asignación más eficiente del gasto público en capacitación e infraestructura es vital para la legitimidad del accionar gubernamental.

Arbitrariedad

Lo más grave de todo no es el muy alto grado de injerencia del Estado en la economía, más bien la creciente arbitrariedad que van cobrando las acciones que no sólo están alterando el funcionamiento productivo del país, provocando peligrosos desfases, sino que se vuelve a ampliar la «distancia» entre el interior y las grandes ciudades. Ni hablar de la pérdida de oportunidades de crecimiento genuino.

Como si fuera poco, se generó un inequitativo sistema de subsidios cruzados que beneficia a las actividades e industrias más ineficientes y, simultáneamente, de manera extremadamente anacrónica, subvenciona con alimentos y servicios baratos a los estratos de mayor poder adquisitivo.


* Presidente de Recrear.
**Ex candidata a senadora por el PRO.