Alfonsín respondió duro al Presidente

Raúl Alfonsín dio ayer un argumento contundente contra la posibilidad de anular, vía aprobación en el Congreso, la Obediencia Debida y el Punto Final que ya fueron derogadas en 1998. «Como protagonista principal de las circunstancias históricas que rodearon la sanción y promulgación de esas leyes, creo necesario señalar que nadie me ha extorsionado ni lo hizo con el Congreso de la Nación, y que las decisiones adoptadas por mi gobierno jamás fueron el resultado de un pacto con los dictadores», sostuvo el ex presidente.

Alfonsín rechazó así la opinión del propio Néstor Kirchner de que esas normas fueron «obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado». «Promulgué esas leyes en función de la defensa, en el mediano y largo plazo, de las libertades y de los derechos humanos de los argentinos, lo que constituye el centro de mis convicciones», reiteró el cacique radical (ya había hecho lo propio en una declaración ante el juez federal Claudio Bonadío).

Simultáneamente, el jefe del bloque UCR de Diputados, Horacio Pernasetti, consideró que la posible anulación de las leyes es una cuestión que concierne al Presidente y planteó la necesidad de que la definición quede en manos de la Corte Suprema, «para evitar que, en vez de encontrar una solución, el conflicto se prolongue en el tiempo» (coincidió con uno de los jefes del Interbloque Federal de provinciales, Alberto Natale).

Pernasetti recordó que Alfonsín, «hace más o menos dos meses», envió al bloque un mensaje escrito con «una serie de observaciones sobre la razón y el momento en que estas leyes fueron sancionadas», durante su gobierno. «En la carta, él consideraba que el presidente de la Nación debe instruir al procurador general de la Corte para que plantee la inconstitucionalidad de las leyes ante la Corte Suprema y que se decida ahí», concluyó Pernasetti. «A mí me parece que esta es la mejor solución, porque evita todas las discusiones posteriores que pueden darse, incluso en el caso de que el Congreso anulase leyes, porque yo creo que el Congreso no puede declarar la nulidad de una norma», subrayó. Al respecto, sostuvo que el Congreso puede «sancionar o derogar», pero no declarar la nulidad de una ley.

• Prolongación

«De lo contrario, esto va a generar un sinfín de pleitos y de interpretaciones que, en vez de solucionar el problema, lo único que vamos a lograr es prolongarlo en el tiempo», advirtió el titular de la principal bancada opositora en la Cámara baja.

Los peronistas estuvieron analizando en las últimas horas qué hacer con la eventualidad de anular la Obediencia Debida y Punto Final. Si bien coincidieron ahí en la territorialidad de los juicios contra supuestos violadores de los derechos humanos, todavía no hay acuerdo sobre si sería o no constitucional la anulación.