Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el único sindicalista que fue invitado por Cristina de Kirchner para participar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la jura de sus ministros, avaló ayer un paro de actividades del sector para el 27 y el 28 de diciembre.
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Luego de presidir el Consejo Directivo de la UOM, el gremialista reclama un pago extra de 600 pesos como bono complementario del aguinaldo para los 200.000 empleados de las empresas del ramo, que van de la siderúrgica Techint a algunas terminales y autopartistas, pasando por los fabricantes de electrodomésticos y artículos para el hogar.
El argumento de Caló se fundamenta en que pese a que los metalúrgicos consiguieron este año un incremento promedio de los salarios de 22%, los trabajadores del rubro «no llegan con sus ingresos hasta la próxima negociación paritaria por el incremento de la inflación», según las justificaciones que se escucharon el lunes en el Ministerio de Trabajo y ayer en la reunión del Consejo Directivo.
Ayer, Caló avaló las « medidas de fuerza dispuestas para la semana que viene, ante la falta de respuestas empresarias a hacer efectiva una bonificación por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la industria».
Pese a la amenaza de paro para la próxima semana, Caló y el resto del Consejo Directivo se encontrarán esta tarde a las 17 en Trabajo con la viceministra de la cartera, Noemí Rial, para otra ronda de negociaciones. Según Caló, «aguardamos que los empresarios cesen en su actitud mezquina de no querer otorgar una bonificación de 600 pesos por única vez, porque los trabajadores realmente la necesitan». «Si ello no ocurre y no prima el sentido común, no tendremos más remedio que repudiar con las medidas de fuerza anunciadas la falta de sensibilidad de los empresarios de la industria, a la que no le ha ido nada mal en los últimos años».
Desde las cámaras empresariales y las compañías más importantes vinculadas a la UOM, el reclamo del sindicato cayó como un balde de agua fría. A coro, todas las agrupaciones aseguran que de concretarse el pago, las empresas pueden perder gran parte de las ganancias registradas en el año, además de sufrir un fuerte perjuicio en cuanto a la competitividad del sector. En esta línea se agruparon tanto Siderca (Techint) como ADIMRA ( siderúrgicos), AFAC (componentes), AFARTE (terminales electrónicas y artículos electrónicos) y Fedehogar (artículos para el hogar).
En todos estos casos se recuerdan las duras negociaciones paritarias que se mantuvieron en Trabajo entre mayo y julio de este año, donde se discutieron todos los términos salariales y se cerraron las proyecciones de incrementos hasta marzo de 2008. En teoría, ese mes deberían comenzar las discusiones con las nuevas pautas de aumentos, aún no determinadas, y que para las empresas no deberían superar 15% (la inflación oficial más 5% de incremento del poder adquisitivo). La UOM ya anuncia que los reclamos no bajarán del mismo 22% de este año.
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